El proceso disciplinario contra varios funcionarios de diversas entidades, por las interceptaciones ilegales realizadas desde el DAS continúa en la Procuraduría General de la Nación.
Allí el mayor Franklin Hernando Grijalbo, exdirector de seguridad del Palacio de Justicia, declaró que Alba Luz Flórez, mejor conocida como la 'Mata Hari', le solicitó que consiguiera información confidencial de la Corte Suprema sobre el caso del exsenador Mario Uribe.
Sin embargo, el oficial de policía aclaró que lo único que le entregó a la detective fue el número de teléfono de uno de los magistrados de dicha Corte y advirtió que en ningún momento entregó información sobre procesos, y menos sobre el caso del exsenador Mario Uribe, quien era investigado por ‘parapolítica’
El exjefe de seguridad del Palacio de Justicia se declaró víctima de supuestas presiones de parte de los agentes del DAS que querían conseguir información sobre los movimientos de los magistrados. En este sentido relató que Alba Luz Flórez lo invitó a varias reuniones con agentes de esa entidad en las que discutían temas coyunturales relacionados con la Corte Suprema.
LA INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA
En este proceso están investigadas 14 personas por su presunta participación en las interceptaciones y seguimientos ilegales a defensores de derechos humanos, políticos de oposición, periodistas y magistrados de las altas Cortes, luego de que se iniciaran las investigaciones por el escándalo de la 'parapolítica'.
Entre los funcionarios investigados están los subdirectores de Fuentes Humanas del DAS, William Gabriel Romero y Wilson Puerto Cantor, y los detectives de la Subdirección de Fuentes Humanas, Hamilton Nonato Mora, Martha Liliana Alarcón y Alba Luz Flórez.
También están el jefe de seguridad del Congreso de la República, el capitán de la policía Julián Leonardo Laverde, el jefe de seguridad de la Corte Suprema, mayor Franklin Hernán Grijalba, el intendente José David García y el agente Carlos José Rocha, miembros del esquema de seguridad de la Corte Suprema.
Los funcionarios de la Corte citados son las auxiliares de servicios generales Blanca Yanneth Maldonado y María Lisandrina Torres, así como el conductor y citador de la Corte, Manuel Steguer Pinzón.
Según el Ministerio Público, estos funcionarios habrían incurrido en extralimitación de sus funciones, al violar la reserva de documentos y de información, de diversos procesos judiciales, al igual que por violar derechos fundamentales como la intimidad sin autorización judicial.
