Junto a Albornoz, el ente acusador también pidió medida de aseguramiento contra Carlos Enrique Robledo Solano y Tito Arcadio Perilla Cepeda. El exdirector de la DNE deberá responder por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato y concierto para delinquir.
Para el ente acusador, Albornoz omitió sus funciones para que al parecer pudiera favorecer a terceras personas con un bien que se incautó al narcotráfico y que se encontraba ubicado en el municipio de Cota (Cundinamarca).
El ente acusador se refiere a la mencionada Granja 32, que según las investigaciones, fue vendida por un valor de 1.219 millones de pesos, valor inferior al valor real que era de 3.600 millones de pesos.
Según la fiscal del caso, Albornoz tenía conocimiento del precio del bien, pero aprobó la venta por un precio inferior, lo que generó un detrimento patrimonial por 2 mil millones de pesos.
La medida también fue solicitada para Carlos Enrique Robledo Solano, exfuncionario de la DNE y quien, según la Fiscalía, era el encargado de hacerle el seguimiento a los procesos de extinción de dominio. "Él no hizo nada y guardo silencio, actuó con dolo al infringir sus funciones y permitir la venta por un valor irrisorio”, dijo la fiscal.
A Robledo Solano le imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión y concierto para delinquir.
Asimismo, a Tito Arcadio Perilla Cepeda, propietario del bien Granja 32, se le imputaron los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito. “Compra el bien pero dicha compra se realiza por un valor irrisorio”, señaló la Fiscal.
"SON UN PELIGRO PARA LA COMUNIDAD"
La representante de la Fiscalía considera que estas tres personas "constituyen un peligro para la comunidad", en razón del número de los delitos que se les imputan y por la naturaleza de los mismos.
Pese a que manifestó que la tendencia generalizada es a pensar que los delitos peligrosos son solo aquellos que incurren en violencia física, la fiscal expresó que los cargos que se llevan en este proceso "son delitos contra la administración pública, es decir, son comportamientos que afectan la capacidad que tiene el Estado para cumplir con las funciones asignadas".
Asimismo, el ente acusador señaló que con los supuestos hechos cometidos se privó a la administración pública "de los recursos de los que se dispone para satisfacer el interés general".
Además, manifestó que "una lesión a la administración pública como la que se imputa es digna del mayor reproche social por las implicaciones que ella tiene en el funcionamiento del Estado y su capacidad desestabilizadora del sistema social".
Por esto, la Fiscalía dijo que la "afectación causada no se limitó a la afectación de bienes jurídicos individuales, sino bienes jurídicos colectivos importantes para todo un conglomerado", lo que para el ente acusador "deteriora seriamente la confianza en las instituciones, lo que menoscaba las bases mismas de la democracia y del Estado de derecho".
