El inicio de la próxima ronda de conversaciones en La Habana (Cuba) entre el Gobierno de Colombia y las Farc fue aplazado una semana, por lo que las partes no se encontrarán el lunes 22 de julio, como estaba previsto, sino el domingo 28 de julio.
El receso está motivado, fundamentalmente, en que durante esa misma semana la Corte Constitucional empezará a estudiar la exequibilidad del Marco Jurídico para la Paz.
Esta norma es considerada trascendental para llegar a un acuerdo de cese del conflicto armado con la guerrilla y, especialmente, para el desarrollo de la llamada tercera fase del proceso de paz, es decir, cuando después de las conversaciones en Cuba, se implementen y desarrollen en el país los acuerdos logrados.
Entendiendo la importancia de la Ley, será el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien sustente sus bondades en la Audiencia Pública que hará la Corte Constitucional el próximo miércoles 24 de julio. En la preparación de esa Audiencia y en su intervención estará acompañándolo el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.
El aplazamiento, conoció Colprensa, no obedece a otras razones (como discrepancias eventuales en la mesa de diálogo o al cambio de estrategia de alguna de las partes). En cambo, sí será aprovechado para atender asuntos familiares y personales por algunos de los integrantes del equipo de negociadores designado por el presidente Juan Manuel Santos.
LA AUDIENCIA EN LA CORTE
La Corte Constitucional decidió realizar audiencia pública sobre el Marco Jurídico para la Paz dentro del curso de una demanda presentada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) por considerar que dicha norma establece que el Estado Colombiano solo debe investigar y juzgar a algunos de los responsables de graves violaciones de derechos humanos ya que autoriza al Congreso a determinar los criterios sobre los cuales se seleccionarán esos casos.
La Corte determinó que la propia demanda y las intervenciones que se han presentado en su trámite han evidenciado que se trata de un debate amplio sobre si dicha reforma en realidad sustituye la Constitución
“La audiencia pública es una inmejorable oportunidad para democratizar el debate constitucional más importante de los últimos años en Colombia, permitiendo a la sociedad civil y al Gobierno Nacional que expresen su opinión sobre un tema que afecta actualmente a todos los Colombianos, como lo es el conflicto interno armado”, señaló la Corte en el auto que fija su decisión.
De acuerdo con la Corporación el debate sobre la justicia transicional debe ser abierto para que la comunidad conozca sus principales virtudes y defectos ya que la decisión que adopte la corporación podrá afectar tanto a los órganos de control como a las víctimas directas e indirectas, quienes exigen verdad, justicia y reparación.
“No en vano en los principales procesos de justicia transicional en el mundo la justicia constitucional ha tenido un papel fundamental, con la participación de los actores más importantes de la sociedad, tal como sucedió en el caso Azapo en Sudáfrica”, agregó la Corte.
Así, los magistrados escucharán primero a Gustavo Gallón, directivo de la CCJ, quien interpuso la demanda, al presidente Santos, al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, al presidente del Congreso, y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos.
Luego se escucharán a representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Dejusticia, Centro Internacional para la Justicia Transicional – ICTJ, Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, Fundación Ideas para la Paz, del Cinep y de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes).
Luego el turno le corresponderá al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez y al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
Igualmente, serán escuchados representaciones de fundaciones que trabajan con víctimas, profesores como Kai Ambos, Pedro Medellín Torres, Alejandro Aponte Cardona, Natalia Springer, Alfredo Rangel Suárez y Claudia López Díaz, voceros de las principales Universidades del país, así como al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia Todd Howland, y a Pablo de Greiff, Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación.
