Por el presunto cobro de $30.000 al personal militar y civil, por concepto de un fichero o tarjeta inteligente de control para poder ingresar a sus respectivos sitios de trabajo, La Procuraduría citó a juicio disciplinario al general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, en su calidad de comandante de la Séptima Brigada Ejército Nacional, con sede en Villavicencio, y al coronel Ariel Fernando Durán Urrea, segundo comandante y jefe de estado mayor de la misma unidad operativa.
En la audiencia de juicio disciplinario el general Fuentes Sandoval deberá responder por qué en su calidad de comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, para 2017, habría permitido que la firma Advantage Microsystems Colombia Ltda. en cabeza de su representante legal, Pablo Emilio Páez Beltrán, obtuviera un incremento patrimonial indebido, al ordenar que cada militar o civil que, por razones de trabajo o residencia ingresara a las instalaciones de la Séptima Brigada, ya fuera al cantón de Apiay, donde está ubicada la sede del Hospital Militar de Villavicencio, o al de El Recreo, tuviera que pagar, presuntamente sin soporte legal o contractual alguno, la suma de $30.000. por concepto de un fichero o tarjeta de control de ingreso.
En un segundo cargo, el general también deberá responder por su presunta participación en en un convenio con la empresa Advantage Microsystems Colombia Ltda., que finalmente habría concluido con un sustento en un acuerdo informal, respecto del suministro de las tarjetas o ficheros de control de ingreso a las instalaciones de la Séptima Brigada, con un eventual desconocimiento de los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal.
Por su parte, el coronel Durán Urrea, en su condición de segundo comandante y jefe de estado mayor de la Brigada, deberá responder en el juicio disciplinario por presuntamente faltar a la verdad, en forma reiterada, directamente o a través de un tercero, en los oficios de respuesta a las peticiones elevadas por los ciudadanos que solicitaron información sobre el motivo por el cual se hacía obligatoria la adquisición del fichero de control de ingreso a las instalaciones de esa unidad.
Como medida cautelar y para evitar que las presuntas irregularidades que motivaron el llamamiento a juicio disciplinario se sigan repitiendo, la Procuraduría solicitó al comandante del Ejército Nacional suspender las órdenes, actos administrativos o contratos irregularmente celebrados que avalen el cobro por las tarjetas de control de ingreso.