El ahora exrepresentante a la cámara Álvaro Hernán Prada, sobre quien se surte un proceso en la Corte Suprema de Justicia, por presunta manipulación de testigos, mismo caso por el que se le persigue penalmente al expresidente Álvaro Uribe, renunció a su curul en el legislativo este miércoles.
El abandono de su cargo, ad portas de que el alto tribunal determine si lo llama o no a juicio, ha generado controversia en el mundo político y judicial, pues la misma jugada hizo el expresidente Uribe y automáticamente el proceso pasó a manos de la Fiscalía General, aún cuando sobre él pesada una detención domiciliaria.
Los abogados del exjefe de Estado expusieron en más de una ocasión que en la Corte Suprema no tenía garantías procesales que permitieran decidir e inferir de manera imparcial, en el caso que se surte en su contra.
La hipótesis de la defensa de Uribe se asemeja a la posición que sostuvo Prada en su carta de renuncia, en la que adujo que fue “víctima de una injusta acusación de hechos de público conocimiento que buscan enlodar a toda costa mi buen nombre y prestigio (...) nunca he cometido un acto ilegal, por el contrario actué bien”.
El excongresista lamentó que en todo el proceso la Corte Suprema se negó a practicar 15 pruebas en las que, según él, se demostraba su inocencia. “La judicialización de la política hace que se pierdan las garantías”, concluyó, tras aseverar que luego de superar el proceso judicial volverá al legislativo.
En materia judicial, el alto tribunal, que ya cerró la investigación y en este momento se encuentra en etapa de calificación, es decir, decidir si llama o no a juicio al excongresista, tendría que enviar la información sobre Prada a la Fiscalía General, misma situación que ocurrió con Uribe.
Para el penalista Iván Durango, el panorama judicial de Prada es claro. Será la Fiscalía la encargada de adelantar investigaciones e iniciar labores tendientes a determinar si el excongresista incurrió en alguna irregularidad.
No obstante, el cambio de juzgador, que para el abogado no resulta ser una evasión a la justicia, para el representante Inti Asprilla, quien mostró su negativa ante la renuncia de Prada, es una fiel muestra de ello, pues además de anunciar que no aceptara que el exrepresentante abandone el cargo, destacó que es la misma estrategia que adoptó el expresidente Uribe, para llevar su proceso a la Fiscalía General.
El penalista aseguró que “unos congresistas piensan que es más garantista la investigación por parte la Fiscalía General, porque afincan esta decisión en que son unos perseguidos por los magistrados de la Corte Suprema. En ese entendido, no es una vía de escape, es una alternativa que tienen la oportunidad de escogerla acorde a la posición política que tiene cada uno de ellos”.
Desde el ala política, el representante liberal, Juan Carlos Lozada, expuso que ese tipo de decisiones lo que hacen es minar la credibilidad en las instituciones de la justicia, en particular lo que viene haciendo la Corte Suprema.
El representante César Lorduy, manifestó que así no le guste a la oposición esta renuncia, la misma se debe aceptar, porque no es legal imponer unas nuevas causales para que se pueda renunciar a un cargo.
Al final, la plenaria aprobó por 113 votos contra 21 la renuncia de Prada.
¿LA PRACTICA DE RENUNCIAR SE PUEDE EVADIR?
El abogado Durango resaltó que en el Código de Procedimiento Penal no existe un mecanismo que evite que una vez los congresistas se ven envueltos en una investigación, con su renuncia el proceso quede en manos de la Fiscalía.
“Precisamente se trata de que estamos en un Estado social de derecho donde se deben respetar los derechos de los ciudadanos, en el caso de ellos, que tienen una investidura, y que son juzgados en la Corte Suprema, no es la excepción”, dijo el abogado.
Lo que llama la atención en este caso, principalmente, es que se la Fiscalía tendría que investigar a miembros del Centro Democrático, partido político simpatizante del actual jefe de Estado, y además, se debe tener en cuenta que el jefe del búnker, fiscal Francisco Barbosa, es uno de los amigos cercanos del presidente Iván Duque.
No obstante, Durango dejó claro que la Fiscalía General en sus conceptos e investigaciones” no se fija a quién se indaga sino en el delito cometido”.