En un duro pronunciamiento, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció el reversazo a la adjudicación del contrato para la elaboración de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, que había sido publicada este lunes por José Antonio Salazar, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien el presidente Gustavo Petro horas más tardes catalogó de traidor y declaró insubsistente.
La adjudicación, que por supuesto sorprendió -y molestó- hasta al presidente, le costó el puesto a Salazar, quien aseguró que no le consultó a nadie la decisión para adjudicar el contrato porque “la Constitución y la Ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo”. Lea aquí: Salvatore Mancuso: “Vengo a honrar mi palabra con el presidente Petro”
Pues bien, este martes, el ministro de Relaciones Exteriores (e), se pronunció sobre este pleito y aseguró que “el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el Canciller Álvaro Leyva Durán”, con el que “declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023”.
En ese mismo pronunciamiento, no solo desautorizó a Salazar, sino que confirmó que el proceso licitatorio sigue abierto. “Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario”, dijo. Lea aquí: Fiscalía condena a la madre de la niña Sara Sofía por desaparición forzada
José Antonio Salazar es el segundo funcionario del Estado que sale en medio de la licitación de los pasaportes. La primera la fue exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien insistió en que se debía evitar el millonario pleito con Thomas Greg, porque habría altas probabilidades de perder.
Lo que hay en la mitad es un lío jurídico por la demanda millonaria que involucra a la compañía privada y al Estado, y las investigaciones de parte de las autoridades por presuntas irregulares, que tienen al propio canciller titular, Álvaro Leyva, en una suspensión de tres meses.
Lo cierto es que fue el mismo Murillo quien elaboró y publicó un documento en el que transfería todas las competencias y decisiones sobre el proceso a Salazar.
Pero la decisión de adjudicar el contrato, fue entendida por Presidencia como una arbitrariedad. “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, escribió Petro ayer en su cuenta de X.