La Procuraduría General de la Nación le envió a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, un oficio de cinco páginas en el que advierte “graves riesgos en el presente y el futuro de la seguridad social pensional de los colombianos”.
El ente de control aseveró que el proyecto de ley aprobado esta semana por el Senado “no contó con los estudios técnicos y recomendaciones realizadas por diferentes expertos”, por lo que se tomaron decisiones que podrían afectar el sistema pensional.
Para el Ministerio Público, las fallas se concentran en la votación en bloque de algunas modificaciones al texto presentado por el Gobierno y la desatención a “diferentes análisis” presentados por la academia, centros de estudios y otros sectores. Lea: Petro explicó su polémica reforma pensional e invitó a marchar este 1 de mayo
Además, contrario a lo que ha prometido el gobierno de Gustavo Petro, la Procuraduría subrayó que el proyecto “no amplió de ninguna manera la cobertura”, pues las promesas adoptadas en los pilares solidarios y semicontributivos ya están en la legislación colombiana.
Es decir, según el órgano disciplinario, a través de decretos el Ejecutivo pudo modificar programas como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos, y asumir desde el Presupuesto General de la Nación los giros que se le pretenden entregar a adultos mayores.
Otro de los puntos criticados por la entidad es el control que Colpensiones asumiría de algunas funciones en un nuevo sistema pensional, debido a que “no cuenta con la capacidad técnica, administrativa ni operativa” para empezar a implementar la reforma desde 2025.
El documento citó varias decisiones judiciales que desde 2013 advierten sobre diferentes condiciones adversas de Colpensiones, incluyendo una alerta que el año pasado la propia Procuraduría emitió por “la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas”. Lea: Mindefensa defendió base en Gorgona: no es un proyecto contra la soberanía
La Procuraduría insistió en que Colombia sí necesita una reforma pensional, pero subrayó que “debe darse de una manera técnica, profesional, analizada”, asegurando que Colpensiones sea “un organismo eminentemente técnico y blindado de cambios políticos”.
La misiva llevó la firma de Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social.
Ojeda le pidió a la ministra Ramírez y a la Cámara de Representantes tener en cuenta fuentes de financiación y sostenibilidad a mediano y largo plazo.