24 horas tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP) para entregar información sobre las medidas que ha adoptado para garantizar la vida, seguridad integral y comparecencia de los excombatientes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc que reconocieron su responsabilidad en secuestros perpetrados en Tolima, Quindío y el Norte de Huila.
La orden la dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la audiencia en la 10 exintegrantes de las Farc reconocen su responsabilidad por los secuestros del antiguo Comando Conjunto Central de las Farc, y se da en respuesta a varias solicitudes que presentaron los comparecientes. Lea aquí: Capturan a 4 policías por el homicidio de un hombre en una estación
La JEP también le solicitó a la UNP y a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) que, de manera conjunta, proporcionen información sobre las acciones que han tomado para reubicar físicamente a los comparecientes amenazados y desplazados, y para garantizar la continuidad de los proyectos productivos que estaban en curso en su proceso de reincorporación.
“La JEP reconoce la importancia de avanzar en el esclarecimiento de las amenazas y persecuciones por parte del Estado Mayor Central (EMC) contra los comparecientes de la JEP, por lo que le ordenó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación que, en un plazo de cinco días, presente un informe detallado que dé cuenta del estado de las investigaciones judiciales sobre estas denuncias”, concluyó la justicia especial. Lea aquí: Exsecretaria de Comunicaciones de Petro aterriza en RTVC, con Morris al mando
Este viernes 10 excombatientes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc reconocieron ante sus víctimas, la justicia y el país su responsabilidad en secuestros perpetrados en Tolima, Quindío y el Norte de Huila. Se trata de Luis Eduardo Rayo, Enoc Capella Trujillo, John Jairo Oliveros Grisales, Nelson Antonio Jiménez, Édgar Ramírez Medina, Víctor Hugo Silva, Álvaro López, Gustavo Bocanegra, Wilson Ramírez Guzmán y Raúl Agudelo Medina.
Todos habían sido imputados por su participación en crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos. Pero también los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.