El juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado un nuevo giro este martes con la petición de su defensa para que más de 60 personas testifiquen en el proceso que lo vincula con presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entre los solicitados figuran destacados políticos y empresarios, según informó su abogado, Diego Henao, durante la audiencia presidida por el juez Hugo Carbonó en Barranquilla.
La audiencia, que ha captado la atención pública por la magnitud del caso, continuará este miércoles, cuando se espera que se defina el cronograma para la presentación de estos testimonios. La defensa de Petro Burgos ha enfatizado en la importancia de los testigos para esclarecer los hechos y desmontar las acusaciones de la Fiscalía. Lea: Day Vásquez lanzó nueva “pulla” a Nicolás Petro: le pide revelar secretos
Entre los testigos que la defensa ha solicitado se encuentran personajes clave como Laura Ojeda, actual esposa de Nicolás Petro, y Daysuris Vásquez, su expareja. Además, se mencionan nombres como el del empresario Alfonso Hilsaca y su hijo, Gabriel Hilsaca Acosta, así como el de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’, quien también sería llamado a declarar junto a su hija, Mónica Lopesierra.
Uno de los nombres que ha generado mayor expectativa es el de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Roa, que jugó un papel fundamental en el equipo del ahora mandatario, será llamado a explicar las circunstancias relacionadas con la presunta financiación ilegal de dicha campaña.
Asimismo, la defensa ha solicitado la declaración de Máximo Noriega, quien fungió como coordinador político de la campaña presidencial en el departamento del Atlántico, y del empresario Cristian Daes. Según las acusaciones, Noriega habría actuado como intermediario en los pagos que habrían llegado a Nicolás Petro. Le puede interesar: Caso Nicolás Petro: 3 puntos para resaltar tras audiencia probatoria
Este proceso judicial, que se ha desarrollado bajo la mirada crítica de la opinión pública, fue suspendido el 5 de agosto tras la intervención de la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde. Laborde tomó el relevo del fiscal Mario Burgos, quien fue apartado del caso por supuestas faltas graves durante la investigación, incluidas presiones indebidas y la filtración de videos a los medios de comunicación.
Las acusaciones contra Nicolás Petro se basan en la supuesta apropiación de fondos destinados a la campaña presidencial de su padre. La Fiscalía asegura que los recursos, que ascendieron a 500 millones de pesos, fueron entregados por personajes polémicos como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca Acosta. Estos fondos, según la acusación, fueron ocultados y no declarados ante las autoridades competentes.
En medio del escándalo, Nicolás Petro ha afirmado que su padre, el presidente Gustavo Petro, no tenía conocimiento de estos hechos. En una entrevista previa, Petro Burgos aseguró que nunca informó al mandatario sobre la procedencia del dinero, dejando en claro que actuó de manera independiente. Lea también: Caso Nicolás Petro: defensa anuncia que aún faltan pruebas
Por su parte, la Fiscalía ha insistido en que el dinero fue ingresado a la campaña de manera ilegal, lo que ha generado preocupación sobre el financiamiento de la misma. No obstante, la defensa de Nicolás Petro ha insistido en que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son concluyentes y que los testigos propuestos demostrarán la inocencia del acusado.
Mientras tanto, Nicolás Petro continúa bajo detención domiciliaria en su residencia en Barranquilla, donde ha permanecido desde julio del año pasado, cuando fue capturado por las autoridades. A medida que avanza el juicio, la expectativa crece sobre las repercusiones que este proceso puede tener tanto en el entorno familiar del presidente como en la política nacional.