El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se reunió este lunes para evaluar si abría una investigación formal sobre la campaña presidencial de 2022 que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, por presuntamente haber excedido los límites de financiación permitidos.
La decisión, sin embargo, se hará esperar hasta el próximo 30 de septiembre, y podría derivar en sanciones administrativas contra los responsables financieros de la campaña, como el gerente, auditor o tesorero, en caso de comprobarse las irregularidades. Le puede interesar: Gustavo Petro y su defensa rechazan autoridad del CNE para investigarlo
Dicho aplazamiento se debe a que, la magistrada Alba Lucia Velásquez, viene de reincorporarse tras una incapacitación, por lo cual, no ha podido conocer de forma oficial todos los expedientes divulgados. En una sesión que inició desde muy temprano en la mañana de hoy, y que debido a esto fue muy breve, se tomó la decisión de aplazar la sentencia para que Velásquez tenga tiempo de ver los expedientes que rondan los 350 pliegos de cargos y casi 8.400 folios.
Esta nueva medida da aire al presidente por dos semanas más, ya que esta situación está tornando las cosas bastantes tensas en el país.
De la misma forma en la sala de este lunes se negó la solicitud presentada por el magistrados Altus Baquero, quien pidió ser reincorporado a su cargo de togado del CNE tras el fallo de la Corte Constitucional que reversó la decisión que había tomado el Consejo de Estado de anular su elección como magistrado porque supuestamente no alcanzaba a tener los 15 años de experiencia que requiere ese cargo.
Al respecto la sala consideró que la reincorporación de Baquero sólo se dará hasta el momento en que el CNE sea notificado de manera formal por parte de la Corte Constitucional.
Desde ya se sabe que además la sala plena del CNE deberá informar ese 30 de septiembre si acoge o no la petición de nulidad que instauró contra la corporación precisamente el abogado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, quien en su alegato señala que el CNE adoptó de forma incorrecta las decisiones que pueden llevar a una sanción al presidente de la República, argumentada en que no se trata de una pérdida de investidura o del cargo del primer mandatario, lo que resulta, en su criterio, una errada interpretación de la ley.
El CNE, compuesto por 10 magistrados elegidos por el Congreso en representación de distintos partidos políticos, requiere el voto favorable de seis de ellos para iniciar una investigación formal. Entre los magistrados, al menos dos representan al partido de Petro, lo que añade una dimensión política a la deliberación. Lea más aquí: CNE y la campaña de Gustavo Petro: ¿enfrentaría cargos?
La posible investigación se basa en una ponencia de dos magistrados, uno de ellos perteneciente a un partido opositor, que sostiene que la campaña de Petro superó los límites de financiación permitidos por alrededor de 1,2 millones de dólares en la primera y segunda vuelta presidencial.
Esta ponencia será votada por el pleno del Consejo para determinar si se abre o no la investigación el próximo 30 de septiembre.
El tema ha generado un intenso debate jurídico y político en Colombia. Algunos sectores cuestionan si el CNE es competente para investigar una campaña que involucra al actual presidente, quien goza de fuero especial, lo que sugiere que sólo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes podría investigarlo.
Petro ha denunciado públicamente que esta investigación podría ser el primer paso para un “golpe de Estado a la colombiana”, insinuando que se estaría utilizando a las instituciones estatales para intentar removerlo del cargo mediante un juicio político en el Congreso. Más sobre Petro: CNE responde a Gustavo Petro: sigue rifirrafe por topes de campaña
A un golpe de Estado se le responde con una revolución”.
Gustavo Petro (Presidente de Colombia)
Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que el fuero presidencial no impide que el CNE investigue a la campaña, siempre y cuando se limiten a sanciones pecuniarias y no involucren al presidente directamente. De presentarse un caso contra el mandatario, el Congreso sería la instancia competente para realizar un juicio político.
La defensa de Petro
El abogado de Petro, Héctor Carvajal, ha presentado un recurso ante el Consejo de Estado para que revise su postura, argumentando que el fuero presidencial es integral y debería impedir cualquier investigación por parte del CNE. Además, advirtió que si se abren cargos contra la campaña, apelará ante la Corte Constitucional y, de ser necesario, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El CNE, por su parte, emitió un comunicado defendiendo su competencia para investigar las campañas electorales, subrayando que no existe “ninguna posibilidad legal” de que su labor afecte el fuero presidencial.