La Corte Constitucional de Colombia lanzó un fuerte reproche este lunes contra el Gobierno y las autoridades encargadas de la seguridad, tras la creciente violencia que azota la región del Catatumbo, en el noreste del país, una zona especialmente afectada por los grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
La situación, que ha dejado más de 50 víctimas mortales en los últimos meses, incluyendo líderes sociales y excombatientes del proceso de paz, fue calificada como “inaceptable” por los magistrados.
En el marco de una audiencia de seguimiento a la situación de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, la Corte destacó la grave crisis humanitaria que afecta a los departamentos de Norte de Santander y Arauca, donde más de 53.000 personas se han visto obligadas a desplazarse debido a la violencia. Además, los asesinatos de al menos seis firmantes de paz fueron mencionados por los jueces, quienes exigieron una respuesta urgente por parte del Estado para frenar el derramamiento de sangre. Lea: Catatumbo: ELN toma tierras y siembra terror en campesinos retornados
La magistrada Cristina Pardo, quien lideró la audiencia, fue tajante al señalar la falta de acción por parte del Gobierno a pesar de las reiteradas advertencias. “No en vano en estas últimas semanas las noticias nos han recordado, una y otra vez, que lo que está ocurriendo en la región de El Catatumbo ya había sido advertido por este sistema”, expresó Pardo, en referencia a los informes emitidos por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) desde 2020.
Desde esa fecha, el SAT ha emitido al menos ocho alertas sobre el riesgo para la población civil y los firmantes de paz en diversos municipios de los departamentos de Cesar y Norte de Santander, tres de ellas específicamente relacionadas con El Catatumbo. “¿Qué pasó entonces con las medidas de respuesta oportunas e integrales para evitar que los riesgos allí advertidos se convirtieran en una gran y dolorosa lista de daños a los derechos fundamentales?”, cuestionó la magistrada Pardo.
En la audiencia, también se recordó que, además de los homicidios, al menos 150 excombatientes se han visto forzados a desplazarse y diez continúan desaparecidos. Las víctimas incluyen a Pedro Angarita, Pedro Rodríguez Mejía, Jean Carlos Carvajalino, Jhon Fredy Carrascal García, Albeiro Díaz Franco y Disney Sánchez Contreras, quienes formaban parte del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tibú, en Norte de Santander.
La Corte, además de expresar su rechazo “con vehemencia” por los crímenes perpetrados contra los excombatientes y los líderes sociales, insistió en reconocer el sacrificio de los firmantes de paz por su contribución al proceso de reconciliación del país.
Pardo subrayó que al mencionar las víctimas “por su nombre” se pretende dignificar su sufrimiento y recordar su compromiso con la paz, a pesar de las múltiples agresiones que han sufrido desde la firma del acuerdo.
El vicepresidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, intervino también durante la audiencia, planteando interrogantes sobre la inacción del Gobierno: “Entonces, frente a esa advertencia, la pregunta es: ¿Vamos a ejecutar un plan a largo plazo, cuando llevamos un largo plazo después de identificar un problema estructural que fue lo que hizo la sentencia de 2022?”, cuestionó, refiriéndose a la sentencia que en 2022 declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en relación con la situación de los firmantes de paz. Tres años después de esa decisión, las medidas necesarias para mejorar la seguridad y los derechos de los excombatientes no han sido implementadas de forma efectiva, lo que genera una profunda preocupación en la Corte.
Ante los recientes testimonios y pruebas presentadas en la audiencia, la Sala de Seguimiento a la Sentencia 020 de 2022 anunció que emitirá un nuevo pronunciamiento con órdenes específicas dirigidas a resolver las dificultades en la identificación y respuesta ante los riesgos que enfrentan los firmantes de paz y la población civil en el Catatumbo. La Corte espera que, con estas medidas, se logre una intervención más rápida y efectiva para evitar mayores pérdidas humanas y proteger los derechos de las víctimas.