Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro, se encuentra en Nicaragua, según ha podido establecer la revista Semana.
Su ubicación cobra relevancia en medio del escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pues su nombre ha sido mencionado en el proceso judicial como presunto articulador de la estrategia para comprar votos en el Congreso con recursos públicos.
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González, quien también perteneció al movimiento M-19, abandonó el país en medio de las investigaciones sin ofrecer explicaciones. Su paradero era un misterio hasta ahora, cuando se conoce que estaría en territorio nicaragüense bajo algún tipo de protección. Lea: Carlos Ramón González, a un paso de la cárcel por el escándalo UNGRD
El testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y pieza clave en el caso, lo señala directamente como uno de los responsables de coordinar la distribución irregular del millonario presupuesto de la entidad, lo que lo ubica en el centro de una de las mayores tormentas políticas del actual gobierno.
Fiscalía vincula a Carlos Ramón González con la compra de congresistas
La Fiscalía lo señala como el principal determinador de la red de corrupción que se habría desatado al interior de la UNGRD, particularmente en lo relacionado con la presunta compra de voluntades dentro del Congreso.
De acuerdo con la investigación, González habría ordenado la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, hoy privado de la libertad, y de otros 1.000 millones al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también detenido. Estos recursos habrían sido usados, supuestamente, para facilitar el trámite de las reformas impulsadas por el Gobierno, incluida la pensional.
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, también ha entregado información clave dentro del proceso. Según reveló Semana, Ortiz declaró ante la Fiscalía que el dinero girado a Name no solo tenía como objetivo asegurar el respaldo a las reformas, sino también garantizar que se llevara a cabo la plenaria en la que fue elegido Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Fernández, hombre de confianza del presidente Petro, fue elegido en octubre de 2023, y Ortiz aportó chats que evidenciarían una reunión previa en la oficina de Name en el Congreso, a la que habrían asistido tanto Fernández como Carlos Ramón González.
Días después de esa reunión, Name incluyó la elección de Fernández en el orden del día del Senado y, tras concretarse su designación, delegó el manejo de las plenarias en María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, justo cuando se debatía la reforma pensional.