El Gobierno nacional y el Congreso cerraron el año en medio de un nuevo choque político, esta vez por la declaratoria de la emergencia económica anunciada por el presidente Gustavo Petro y la respuesta inmediata del presidente del Senado, Lidio García.
El desacuerdo se hizo público luego de que García confirmara la citación a una sesión virtual del Senado para el próximo 26 de diciembre, con el objetivo de ejercer control político sobre la decisión del Ejecutivo.
La convocatoria, programada en plena temporada de fin de año, fue defendida por el jefe del Legislativo bajo el argumento de que las funciones constitucionales del Congreso no se suspenden por vacaciones o festividades. Según explicó, en esa misma sesión también se avanzaría en el trámite de los ascensos militares, para lo cual el Senado fue llamado a sesiones extraordinarias. Lea: Petro confirma inicio del pago de recargos nocturnos desde las 7:00 p. m.
“Para este tema no importa si hay vacaciones, Navidad, o fin de año. Vamos a hacer control político, el 26 vamos a citar para hacer anuncios y, automáticamente, procederemos a hacer control político”, indicó García, en declaraciones a W Radio.

Críticas del Senado a la declaratoria de emergencia
El presidente del Senado ya había fijado una posición crítica frente a la medida del Gobierno. “Como Presidente del Congreso, rechazo cualquier intento del Gobierno de declarar emergencia económica solo porque este Congreso, en uso de su autonomía, no aprueba nuevos impuestos para cubrir déficits presupuestales. El artículo 215 de la Constitución es claro: solo procede ante hechos extraordinarios que perturben grave e inminentemente el orden económico y social, o grave calamidad pública. Nuestra decisión soberana no es un ‘hecho extraordinario’; es legítimo control político”.
Para García, aceptar esa interpretación abriría la puerta a una afectación directa de la separación de poderes. “Eso destruiría la separación de poderes: perderíamos independencia y el Ejecutivo impondría sus políticas contra la voluntad del representante del pueblo. No permitiremos que un estado de excepción premie la irresponsabilidad fiscal ni nos traslade la obligación de cubrir con más impuestos las consecuencias de una gestión presupuestal deficitaria y con prioridades cuestionables en el gasto público”, sostuvo.

Respuesta del Gobierno y advertencias legales
Tras estas declaraciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió que el Congreso no puede iniciar el control político sin que el Ejecutivo envíe el informe obligatorio sobre la emergencia económica. “Señor presidente del Congreso, Lidio García: el Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994, y aún no se ha enviado ese informe”.
Benedetti también cuestionó la validez de una sesión virtual en las condiciones planteadas y advirtió que solo es posible en circunstancias excepcionales. Agregó que el informe será remitido en el momento correspondiente y que el Gobierno asistirá a las citaciones que el Congreso determine.

