El expresidente Ernesto Samper cuestionó al Gobierno nacional por la decisión de recortar los recursos destinados al proyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique, una de las obras estratégicas más importantes para la Costa Caribe.
A pesar de ser un aliado político del gobierno del presidente Petro, Samper calificó la medida como “lamentable” y advirtió que podría desencadenar acciones jurídicas contra el Estado, especialmente por parte del concesionario Sacyr.
Samper alerta riesgos legales por el recorte del presupuesto
En su cuenta de X, el exmandatario expresó:
“El gobierno acaba de recortar el presupuesto del Canal del Dique, que era el proyecto de recuperación ambiental más importante de la Costa y de Colombia. La firma SACYR puede reclamar judicialmente para irse”.
Samper también hizo un llamado al Contralor General de la República para que intervenga de manera urgente. Señaló que las vigencias futuras anticipadas son intocables y que su modificación crea un riesgo institucional adicional para la ejecución del proyecto.
Reducción de recursos genera preocupación en el sector infraestructura
El pronunciamiento del expresidente se suma a la preocupación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que rechazó la reducción de aproximadamente $636.000 millones, lo que dejaría un recorte total cercano a $1 billón para el proyecto del Canal del Dique.
El gremio advirtió que esta decisión pone en riesgo:
- Obras clave para la competitividad regional.
- La estabilidad del modelo de concesiones.
- El cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo.
CCI denuncia posibles irregularidades en la decisión del Gobierno
La CCI destacó que un decreto del 29 de diciembre estableció que las vigencias futuras solo podían modificarse mediante acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el propio Gobierno realizó el recorte de manera unilateral, sin contar con el consentimiento del concesionario.
Señalamientos del gremio
La Cámara advierte que esta actuación:
- Transgrede lineamientos fijados por el mismo Ejecutivo.
- Golpea la confianza en los contratos de infraestructura.
- Crea riesgos legales y financieros para la Nación.