El Consejo Gremial Nacional solicitó formalmente a la Corte Constitucional que anule el Decreto 1390 de 2025, bajo el argumento de que la declaratoria de Emergencia Económica fue firmada ilegalmente por la ministra Irene Vélez cuando ya no tenía permiso para ejercer el cargo y porque la crisis financiera actual es resultado de una mala administración del Gobierno y no de hechos imprevistos.
En un escrito dirigido al magistrado Carlos Camargo Assis, el gremio argumentó que el decreto fue firmado de forma ilegal por la entonces ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, quien, según la demanda, ya no contaba con la competencia legal para ejercer el cargo al momento de suscribir la norma.
Firma sin competencia legal
De acuerdo con el documento, Vélez Torres asumió el encargo como ministra el 5 de agosto de 2025. La ley establece que este tipo de encargos tiene una duración máxima de tres meses, por lo que su autorización habría vencido el 5 de noviembre del mismo año.
Sin embargo, el decreto de Emergencia Económica fue firmado el 22 de diciembre. El Consejo Gremial aseguró que no existe evidencia de un acto administrativo que prorrogara dicho encargo. “No obra prueba alguna de la expedición de un acto administrativo que haya prorrogado el encargo conferido a la doctora Irene Vélez”, señaló el texto.
Por esta razón, concluyó que para la fecha de la firma la funcionaria “carecía de la competencia constitucional y legal necesaria para suscribir un decreto legislativo”.
Crisis provocada, no imprevista
Más allá del aspecto formal, el gremio también cuestionó el fondo de la declaratoria de emergencia. Según la intervención, el Gobierno no puede ampararse en una situación económica que —a su juicio— fue causada por su propia gestión.
El documento sostuvo que el Ejecutivo presentó presupuestos con recursos no garantizados, pese a advertencias previas de analistas y expertos. “El agravamiento de la situación fiscal del país se debe a las acciones del propio gobierno, las cuales volvieron previsible la actual situación”, afirmó el Consejo Gremial.
Para los empresarios, la falta de recursos no fue un hecho sobreviniente o sorpresivo, sino el resultado de decisiones fiscales anticipables y de una administración deficiente.
El Congreso y las reformas tributarias
El Gobierno justificó la emergencia señalando que el Congreso no aprobó sus iniciativas de reforma tributaria. Frente a este argumento, el Consejo Gremial fue enfático en señalar que la negativa del Legislativo no constituye un evento extraordinario.
“Pretender que el archivo de una reforma tributaria sea tratado como un evento imprevisible equivale a desconocer la lógica misma del procedimiento legislativo”, indicó el escrito. El gremio recalcó que, en una democracia, el Congreso puede aprobar o negar proyectos sin que ello habilite al Ejecutivo para asumir poderes excepcionales.
Seguridad y subsidios, problemas acumulados
La demanda también abordó los argumentos relacionados con seguridad y subsidios energéticos. En el caso del orden público, el Consejo Gremial recordó que el presupuesto de defensa para 2025 fue el más alto de la última década, con cerca de 60 billones de pesos, por lo que consideró que el problema no es de recursos sino de gestión.
Sobre las deudas por subsidios de energía y gas, el documento aseguró que el Gobierno decidió aplazar deliberadamente esos pagos. “Deliberadamente ha decidido omitir su pago de tiempo atrás”, señaló el texto, al tiempo que afirmó que el Presidente contaba con otras herramientas legales, como la reducción de gastos no prioritarios, antes de recurrir a la declaratoria de emergencia.
Ahora será la Corte Constitucional la que determine si el Decreto 1390 de 2025 se ajusta o no a la Constitución.