A pocos días de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, la contratación estatal en Colombia volvió a quedar bajo la lupa. La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que durante enero se firmó una cantidad inusual de contratos de prestación de servicios, justo antes de que comenzaran las restricciones propias del periodo electoral.
De acuerdo con las cifras presentadas por la congresista, en los 29 días de enero se habrían suscrito más de 100.700 contratos, con recursos comprometidos cercanos a los 6 billones de pesos. El punto que más inquietud genera está en el cierre del mes: en solo los últimos ocho días se firmaron 51.496 contratos, es decir, más del 51 % de toda la contratación registrada en ese periodo.
Para Miranda, quien también es candidata al Senado por la Alianza Verde, este aumento no se explica por una planeación responsable ni por una necesidad repentina del Estado. A su juicio, el comportamiento “evidencia un patrón que enciende alertas sobre un posible uso político de la contratación pública justo antes de las restricciones electorales”. Lea: Corte Suprema prohíbe despedir a empleados próximos a pensionarse
La representante advirtió que este escenario puede afectar la transparencia del proceso democrático. “Estamos viendo cómo el Estado corre el riesgo de convertirse en una plataforma de favores burocráticos para asegurar lealtades y fortalecer estructuras clientelares. Hoy llenan eventos con contratistas; mañana podrían pretender llenar urnas con votos amarrados a contratos”, afirmó.
Contratos y riesgos en plena antesala electoral
Miranda señaló además que varias de las entidades con mayor volumen de contratación cumplen funciones territoriales y estratégicas, lo que, según dijo, aumenta el riesgo de que los recursos públicos terminen siendo utilizados con fines electorales.
En ese contexto, insistió en que la discusión va más allá de cualquier postura política. “Esto no es un debate ideológico. Es una alerta institucional y democrática. La contratación pública no puede convertirse en herramienta de presión política ni en mecanismo para alterar la igualdad de condiciones en el escenario electoral”, sostuvo.
Finalmente, la congresista pidió a los organismos de control que revisen en detalle esta contratación masiva, establezcan posibles responsabilidades y garanticen que los recursos públicos no se utilicen para hacer política desde el Estado.