En medio de la fallida imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, debido al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el Congreso de la República busca asumir un papel activo dentro de la investigación.
El presidente del Senado, Lidio García, envió una petición formal a la Fiscalía 295 Seccional de la Unidad de Administración Pública para que la corporación legislativa sea reconocida como víctima dentro del proceso penal. La solicitud se sustenta en el impacto institucional que dejó el crimen del dirigente político.
“Esta solicitud se fundamenta en la decisión del Senado de la República de comparecer en calidad de víctima dentro del proceso”, señala el documento remitido al ente acusador. En el mismo texto se pide que un apoderado represente oficialmente a la Rama Legislativa en el caso.
El Senado otorgó poder al abogado Juan Carlos Novoa Buendía para que actúe en su nombre. Según el documento, el atentado no solo afectó a una persona en particular, sino que generó una afectación directa a la conformación, las funciones y el cronograma legislativo del Congreso.
Una nueva audiencia contra Augusto Rodríguez
De acuerdo con Semana, fuentes cercanas al proceso indicaron que en los próximos días la Fiscalía General de la Nación radicará una nueva solicitud de audiencia. Esto ocurre luego de que se retirara una petición inicial, al determinarse que la fiscal que impulsó la actuación no tenía competencia para investigar al funcionario, debido a su fuero.
Ramírez deberá responder por el delito de prevaricato por omisión. La Fiscalía considera que el funcionario no atendió de manera adecuada las reiteradas solicitudes para fortalecer el esquema de seguridad del congresista del Centro Democrático, pese a las advertencias existentes.
El director de la UNP ha negado cualquier responsabilidad en los hechos. En una entrevista concedida a Blu Radio, sostuvo que la entidad actuó conforme a la normatividad vigente en ese momento.
“El Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en Proceso Electoral (Cormpe) se activa cuando hay campaña, es decir, para los candidatos, no para los precandidatos. Hoy en día eso cambió, lamentablemente, a raíz de lo ocurrido”, afirmó el funcionario.
La defensa de Miguel Uribe insiste en que hubo omisión en seguridad
Pocos días después del atentado sicarial, el abogado Víctor Mosquera, representante de los familiares de Miguel Uribe Turbay, interpuso una denuncia formal contra el director de la UNP por presuntas omisiones en la protección del senador.
El jurista aseguró que durante los primeros meses de 2025 se presentaron 23 solicitudes de refuerzo de seguridad, luego de que Uribe Turbay anunciara su intención de aspirar a la Presidencia. Sin embargo, desde la entidad adscrita al Ministerio del Interior no se adoptaron medidas efectivas.
“La última solicitud se presentó el 5 de junio. En ellas se explicaba claramente por qué al precandidato presidencial se le debía brindar una protección adecuada”, precisó Mosquera el 9 de junio de 2025, fecha en la que formalizó la denuncia.
Según el abogado, la UNP ya había advertido en 2023 sobre los riesgos de seguridad que enfrentaba el senador. No obstante, un año después, cuando oficializó su precandidatura, no se realizó un nuevo estudio de riesgo ni se reforzó su esquema.
“Desde el 5 de junio se sabía que había que reforzar su seguridad”, concluyó, señalando que la entidad respondió reiteradamente que “no representaba un riesgo” y que no podía acompañarlo en sus desplazamientos.