Las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify expresaron su preocupación por un proyecto de ley radicado en el Senado, el cual —según su interpretación— podría comprometer seriamente su permanencia y operación en Colombia.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia, plantea una serie de restricciones y sanciones que apuntan directamente a estas aplicaciones, actualmente fuera de un marco regulatorio formal. Lea: Petro convoca a movilización en Colombia mientras se reúne con Donald Trump
Propuesta busca prohibir plataformas de transporte no reguladas
El articulado propone prohibir la operación de plataformas digitales de transporte que presten servicios de movilidad de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial. De acuerdo con el texto, este tipo de actividad sería catalogada expresamente como servicio ilegal de transporte, lo que modificaría de fondo el régimen actual.
La propuesta fue presentada ante el Senado como una reforma al régimen sancionatorio de la Superintendencia, con el objetivo de endurecer los controles sobre este tipo de servicios.
Multas millonarias e inmovilización de vehículos
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el alcance de las sanciones. El texto contempla multas que podrían llegar hasta los 726 millones de pesos, así como la inmovilización de vehículos, cuyos plazos aumentarían progresivamente. En caso de una primera infracción, el periodo de inmovilización pasaría de cinco a sesenta días.
Las sanciones no solo recaerían sobre conductores y usuarios, sino también sobre propietarios de vehículos y edificios o inmuebles donde se facilite o preste el servicio considerado ilegal.
Alcaldes y Policía tendrían obligación de perseguir estos servicios
El proyecto establece además que alcaldes y autoridades de Policía deberán priorizar la persecución y control de estas plataformas. Incluso, el articulado faculta a las autoridades para ordenar el cierre de las plataformas digitales, sin que medie una orden judicial previa.
Este punto ha generado especial inquietud entre las empresas del sector, al considerar que se trata de una medida de amplio alcance que impactaría directamente el acceso de los usuarios a estos servicios.