Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), volvió a ser objeto de intimidaciones que, según su defensa, no solo lo afectan a él sino también a su círculo familiar y al equipo jurídico que lo representa. La situación encendió alertas dentro del proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción en esa entidad.
La información fue confirmada por su abogado, José Moreno, quien indicó que las amenazas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía. “Son denuncias graves que vamos a poner. En estos momentos solicitamos garantías por parte del centro de reclusión y por parte de la Fiscalía”, dijo en declaraciones a Caracol Radio. Aunque no se han revelado detalles sobre el contenido de las intimidaciones, la defensa aseguró que se trata de hechos recientes. Lea: Caso Ungrd: admiten demanda que busca la muerte política de 9 congresistas
Las denuncias se conocen en un momento clave del proceso judicial, justo cuando se informó que la Sala de Instrucción emitirá nuevas decisiones contra congresistas y funcionarios presuntamente relacionados con las irregularidades detectadas en la Ungrd.
Avanza el proceso judicial por el escándalo de la Ungrd
En paralelo, sigue pendiente la definición del preacuerdo que López alcanzó con la Fiscalía y que aún no ha sido avalado por la justicia. El pacto, que contempla una pena de seis años y dos meses de prisión a cambio de información para esclarecer la trama de corrupción, fue rechazado en mayo por un juez que consideró desproporcionada la sanción frente a la gravedad de los hechos. Ahora, la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá.
Dentro del expediente se señala que López, en su calidad de director y ordenador del gasto, habría direccionado contratos destinados a la atención de emergencias y mitigación del riesgo entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Según la investigación, estas actuaciones buscaban favorecer a contratistas específicos, así como a congresistas y otros funcionarios, en varios departamentos del país.
Mientras avanza la definición de su situación jurídica, la defensa insiste en la necesidad de medidas de protección para garantizar la integridad del exfuncionario y de quienes participan en su representación legal.