Colombia enfrenta no solo el impacto de la emergencia climática en varias regiones del país, sino también una profunda crisis en el sistema de salud. Así lo advirtió la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien denunció graves irregularidades en la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida por el Gobierno Nacional.
Durante una entrevista en la que inicialmente se abordó la situación invernal que afecta a departamentos como Córdoba, Sucre, Santander, Cundinamarca, Nariño y Antioquia, Marín puso el foco en las fallas estructurales del sistema de salud. Lea: Alerta en Sur de Bolívar: 95% de Montecristo está bajo el agua
Según explicó, muchas de las emergencias que hoy golpean a los ciudadanos eran previsibles y evidencian debilidades tanto en la prevención como en la respuesta institucional.
Defensora del Pueblo alerta por 120 mil tutelas sin abrir en la Nueva EPS y califica la crisis de salud como “humanitaria
El dato más alarmante, según la defensora, es que el actual interventor de la Nueva EPS encontró más de 120 mil correos electrónicos relacionados con acciones de tutela que no habían sido abiertos. Se trata de fallos judiciales que ordenaban proteger derechos fundamentales en salud y que, presuntamente, no fueron siquiera revisados por la entidad.
Para Marín, esta situación constituye una negligencia “extremadamente grave” y ayuda a explicar el incremento de más del 100 % en los reclamos de los usuarios durante el último año, superando las 14 mil peticiones formales.
La defensora también cuestionó la inestabilidad en las interventorías y señaló la existencia de una especie de “endogamia” administrativa, en la que los cambios de funcionarios no se traducen en soluciones efectivas para los pacientes.
Falta de medicamentos y desabastecimiento
La crisis tiene efectos directos en distintas regiones del país. En ciudades como Ibagué, usuarios han denunciado largas filas y la falta reiterada de medicamentos esenciales. Pacientes con enfermedades cardíacas, renales y otras patologías crónicas aseguran que llevan meses sin recibir tratamientos, algunos de alto costo y necesarios para su supervivencia.
La Defensoría del Pueblo reconoció que el cambio de gestores farmacéuticos se realizó sin una transición adecuada, lo que habría agravado el desabastecimiento y dejado a miles de afiliados sin acceso oportuno a sus medicamentos.
Aunque la Nueva EPS presentó un plan para normalizar la entrega en los próximos dos meses, Marín fue enfática al señalar que mientras ese plan no se refleje en resultados concretos para los pacientes, “ese plan no existe”.
Una crisis con dimensión humanitaria
Para la Defensoría, la situación de la Nueva EPS trasciende lo administrativo y adquiere una dimensión humanitaria, al comprometer el derecho fundamental a la salud de miles de ciudadanos.
La existencia de más de 120 mil tutelas sin atender, afirmó Marín, evidencia un sistema que falló en aspectos básicos como escuchar a los usuarios y cumplir las órdenes judiciales. El llamado de la entidad es a garantizar estabilidad en la intervención, adoptar decisiones de fondo y ofrecer soluciones urgentes, dado que, según advirtió la defensora, la vida de muchas personas depende de un medicamento o de una cita médica que no puede seguir postergándose.