El Frente de Guerra Oriental del ELN, bajo la firma de su comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, se atribuyó mediante un comunicado el ataque contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, ocurrido el pasado 5 de febrero en el municipio de Tame, departamento de Arauca.
En el hecho fueron asesinados un agente de la Policía Nacional y un integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes se movilizaban en la caravana asignada a la protección del congresista.
El senador Castellanos resultó ileso, ya que no se encontraba en el vehículo al momento del ataque. Según se informó, el dirigente político esperaba al esquema de seguridad en la ciudad de Yopal, Casanare.
En el pronunciamiento, el grupo guerrillero aseguró que no tuvo como objetivo atentar contra el senador ni constreñir sus actividades electorales en la región. Lea: Revelan video del brutal ataque contra vehículo del senador Jairo Castellanos
El ataque se ejecutó por una omisión al retén del ELN
De acuerdo con el ELN, lo sucedido fue consecuencia de la omisión de un retén instalado por esa organización armada.
El comunicado calificó lo ocurrido como un “lamentable hecho” y afirmó de manera explícita: “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”.
Asimismo, el Frente de Guerra Oriental negó cualquier intención de afectar los procesos democráticos previstos para los próximos meses. “No nos proponemos impedir o alterar el proceso electoral de marzo, ni las elecciones presidenciales próximas”, señaló el grupo armado.
Sobre la instalación de retenes en las vías del departamento de Arauca, el ELN explicó que estos hacen parte de las dinámicas del conflicto armado y que responden a medidas de defensa frente a la acción de las fuerzas armadas estatales y, según su versión, “bandas de mercenarios”.
Finalmente, la guerrilla solicitó a las autoridades civiles, a las campañas políticas y a la población en general acatar y facilitar los controles en carretera, al considerarlos “mecanismos de seguridad y de defensa normales en un conflicto como el colombiano”.