La muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia y falleció tras un accidente en bicicleta el pasado 8 de febrero, sigue generando cuestionamientos sobre la atención en salud que recibió. Mientras avanzan las investigaciones oficiales, cuatro familiares del menor aseguran que también enfrentan dificultades para acceder al tratamiento que requieren por la misma enfermedad.
El menor sufrió un golpe que le provocó un trauma craneoencefálico severo. Su madre, Katherine Pico, ha insistido en que la falta de suministro oportuno del medicamento influyó en el desenlace. En contraste, la Nueva EPS sostiene que la causa de muerte fue consecuencia directa de la gravedad del trauma.
En medio del debate, la familia reveló que Kevin no era el único con hemofilia en su núcleo cercano. Sergio Torres, primo del niño y de 39 años, explicó que él y otros tres parientes —dos menores de edad y un adulto— también están diagnosticados con esta condición y afiliados a la misma entidad promotora de salud. Lea: Caso Kevin Acosta: Nueva EPS rompe el silencio tras la muerte del menor
Según relató, desde el 2 de diciembre dejó de recibir el medicamento cuando terminó el contrato entre la EPS y la IPS que los atendía. De acuerdo con su testimonio, un niño de 30 meses, otro de 10 años y un adulto de 31 también suspendieron el tratamiento entre mediados y finales de diciembre.
“No hemos cambiado de lugar de residencia. Seguimos en el mismo lugar y hasta el día de hoy no nos han hecho llegar el medicamento”, afirmó Torres al desmentir la versión de la entidad, que atribuye las demoras a un traslado de afiliación solicitado por la madre del menor hacia Santander y su posterior regreso a Pitalito, Huila.
Denuncias por falta de medicamento para hemofilia
La controversia gira en torno al suministro del fármaco esencial para las personas con hemofilia, enfermedad que impide la coagulación adecuada de la sangre y puede derivar en complicaciones graves ante cualquier golpe o herida.
La Fiscalía adelanta indagaciones para establecer si hubo fallas en la prestación del servicio que pudieran derivar en responsabilidades penales o administrativas. Por su parte, la Superintendencia de Salud anunció la apertura de acciones frente a las denuncias conocidas públicamente.
Además, los familiares confirmaron a Noticias Caracol que interpondrán una demanda contra el Estado por el caso de Kevin Arley, en busca de que se esclarezcan los hechos y se determinen posibles responsabilidades institucionales.
Mientras tanto, la familia insiste en que otros integrantes siguen sin recibir el tratamiento requerido y temen que la situación ponga en riesgo sus vidas.