El Ministerio del Trabajo de Colombia publicó el borrador de un decreto que marca un nuevo capítulo en la implementación de la Ley 2381 de 2024. La propuesta obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar a Colpensiones los recursos acumulados por miles de afiliados que decidieron cambiar de régimen bajo las condiciones de la reforma pensional.
La iniciativa se fundamenta en el artículo 76 de la reforma, la cual propósito declarado fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema público, así como asegurar el pago continuo de las mesadas. Con esta reglamentación, el Gobierno busca acelerar el flujo de recursos hacia el régimen estatal.
De acuerdo con cifras oficiales, con corte al 5 de febrero de 2026, 119.632 personas han ejercido la opción de traslado desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones.
El proceso aplica a quienes cumplan requisitos específicos. En el caso de las mujeres, se exige un mínimo de 750 semanas cotizadas; para los hombres, al menos 900 semanas. Además, deben encontrarse a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación.
¿Cómo será el traslado de recursos de las AFP a Colpensiones?
Uno de los puntos centrales del borrador es el plazo impuesto a los fondos privados. Una vez entre en vigor el decreto, las AFP tendrán 15 días hábiles para transferir la totalidad del capital acumulado, incluidos los rendimientos financieros correspondientes a los traslados ya efectuados.
Para los nuevos movimientos que se aprueben en adelante, el procedimiento deberá completarse antes de que finalice el mes siguiente a la aceptación del traslado. El objetivo es que los recursos no permanezcan bajo administración privada cuando la obligación pensional ya haya sido asumida por el Estado.
El impacto financiero de estos movimientos ya se refleja en las cuentas del régimen público. Según cifras divulgadas por Infobae, en 2023 Colpensiones registró una nómina de $47,2 billones, de los cuales $12,9 billones provinieron de traslados desde el RAIS.
En 2024, la nómina total ascendió a $55,5 billones, con $15,3 billones asociados a estos traslados. Actualmente, Colpensiones paga pensiones a 22.472 personas que migraron desde el régimen privado, lo que, según el Ministerio, refuerza la necesidad de que los recursos lleguen oportunamente para evitar déficits operativos.
Desde el Ministerio del Trabajo se enfatizó que la norma no es solo un trámite administrativo. La entidad sostiene que centralizar estos recursos permite garantizar la solidaridad intergeneracional y asegurar no solo las pensiones de vejez, sino también las prestaciones por invalidez y sobrevivencia de manera ininterrumpida.
El proyecto de decreto contempla trasladar a Colpensiones los recursos de las cuentas de ahorro individual de quienes se acogieron a la ventana de oportunidad creada por la reforma, fondos que actualmente son administrados por las AFP.
La propuesta generó una reacción inmediata del sector privado. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) advirtió que el proyecto pondría en riesgo más de $25 billones pertenecientes a cerca de 118.000 afiliados que utilizaron esa ventana de traslado.
El gremio sostiene que la iniciativa reglamentaria desconoce lo dispuesto en el artículo 76, que establece que los saldos de las cuentas individuales deben permanecer administrados por las AFP hasta que se consolide la pensión correspondiente. Según Asofondos, esos recursos deben conservar su vocación de ahorro y, una vez reconocida la pensión, trasladarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República.
El presidente del gremio, Andrés Velasco, afirmó que el decreto permitiría usar los recursos de forma contraria a lo ordenado por la ley y que ello implicaría liberar recursos del Presupuesto General en un monto equivalente, con efectos sobre la sostenibilidad futura del sistema y de las finanzas públicas.
La ventana de oportunidad contemplada en el artículo 76 permite el traslado entre regímenes a personas que estén a menos de diez años de pensionarse o que ya hayan cumplido la edad, siempre que al 30 de junio de 2025 acrediten 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres o 900 en el de los hombres. Esta disposición fue exceptuada de la suspensión parcial de la reforma adoptada por la Corte Constitucional mediante el Auto 841 de 2025, por lo que continúa vigente.
Asofondos solicitó que el alcance del proyecto sea revisado antes de su expedición definitiva y advirtió que, en su concepto, la medida alteraría las reglas de destinación del ahorro pensional definidas en la reforma.