La Fiscalía General de la Nación activó una estrategia transitoria para blindar las elecciones legislativas y presidenciales de este año frente a delitos como la compra de votos, la financiación ilegal de campañas y otras conductas que puedan afectar la transparencia del proceso democrático.
La decisión quedó formalizada en la Resolución 0-0047, firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, quien ordenó un despliegue articulado de fiscales especializados, unidades de policía judicial y equipos de análisis criminal en todo el país.
De acuerdo con la directriz, los actuales comicios requieren un “alistamiento institucional diferenciado, con capacidad de reacción oportuna, presencia territorial efectiva, canales especializados para la recepción y trámite de denuncias” ante los riesgos que puedan comprometer la participación ciudadana. Lea: Colombia suspende votación en Medio Oriente por escalada de crisis militar
La entidad explicó que uno de los ejes del plan será la construcción de un mapa de riesgo que evaluará factores como la vulnerabilidad socioeconómica y la presencia de grupos armados ilegales en distintas regiones. Con esa herramienta se priorizarán zonas donde exista mayor probabilidad de violencia o manipulación del voto.
Fiscalía vigilará financiación y compra de votos
Dentro de las acciones anunciadas se contempla la creación del Observatorio de Financiación Electoral, liderado por la Sección de Análisis Criminal. Ese equipo tendrá la tarea de examinar “la información sobre violación de topes de financiación, gastos de campaña y fuentes de financiación” irregulares.
Los investigadores realizarán seguimiento permanente a medios de comunicación y redes sociales desde el arranque de las campañas hasta el cierre de las urnas, con el fin de contrastar el gasto real de los aspirantes con los límites establecidos por la ley.
La Fiscalía también envió un mensaje directo a candidatos y ciudadanos. Recordó que entregar dinero o cualquier tipo de beneficio a cambio del voto constituye corrupción al sufragante, así como presionar a un elector configura constreñimiento al sufragante. De igual forma, advirtió que inducir a una persona a inscribir su cédula en un municipio distinto al de su residencia se procesa como fraude en inscripción de cédulas.
La entidad indicó que toda denuncia será “tramitadas como actos urgentes” el día de los comicios, para garantizar la recolección inmediata de pruebas. Invitó a reportar irregularidades a través de la página web institucional en el botón ‘Denuncia fácil’, la línea 122 o el #623 de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel).
Además, anunció que en un plazo máximo de dos meses después de cada jornada electoral presentará un informe que incluirá el análisis de evidencias obtenidas incluso en “las herramientas de autenticación biométrica y los sistemas de información que soporten el proceso electoral”.