Muchas mujeres han atravesado alguna vez un momento incómodo en el que el miedo o la presión las hizo sentir vulnerables. Espacios que deberían ser seguros se convierten, en ocasiones, en escenarios de silencios forzados y experiencias difíciles de nombrar. Situaciones que durante años se han normalizado bajo etiquetas como “piropos” o “cercanía”, pero que en realidad constituyen formas de violencia.
En los últimos días, el país volvió a poner la mirada sobre esta problemática tras las denuncias de acoso sexual a mujeres periodistas en un reconocido medio de comunicación. Voces que durante años permanecieron en silencio hoy se alzan no solo por ellas, sino por miles de mujeres que han vivido experiencias similares en diferentes áreas.
A partir de este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué se considera acoso sexual en Colombia y cómo se puede denunciar? Lee también: MinTrabajo anuncia inspección a Caracol Televisión tras denuncias sobre acoso sexual.

¿Qué es el acoso sexual según la ley colombiana?
La legislación colombiana ha avanzado en la definición y sanción del acoso sexual, especialmente en contextos laborales y educativos.
De acuerdo con la Ley 2365 de 2025, el acoso sexual se entiende como cualquier acto de persecución, hostigamiento o asedio con connotación sexual, que se presenta en relaciones de poder —ya sean verticales u horizontales— y que puede estar mediado por factores como edad, género, posición laboral o condición social.
Por su parte, el Código Penal, en el artículo 210-A, establece que incurre en este delito quien, aprovechando una posición de autoridad o superioridad, acose física o verbalmente a otra persona con fines sexuales no consentidos.
Desde una perspectiva institucional, la Defensoría del Pueblo reconoce que estas conductas una forma de violencia basada en género y una vulneración de derechos humanos, que puede manifestarse desde insinuaciones hasta agresiones más graves.
Medidas contra el acoso sexual en el trabajo y la educación
La Ley 2365 de 2025 contempla un conjunto de acciones enfocadas en prevenir, proteger y atender a las víctimas.
En materia de prevención, el Estado debe implementar estrategias de sensibilización y campañas informativas, así como lineamientos para que empresas e instituciones educativas adopten protocolos claros frente a estos casos. Esto incluye la obligación de los empleadores de establecer políticas internas, rutas de atención y mecanismos de denuncia.
En cuanto a la protección, las víctimas tienen derecho a la confidencialidad, a no ser revictimizadas y a recibir un trato digno. También pueden solicitar medidas como el traslado de área, el teletrabajo o la terminación del contrato sin sanciones. Estas acciones deben ser implementadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Además, la ley contempla estabilidad laboral reforzada. Es decir, una persona que denuncie acoso no puede ser despedida dentro de los seis meses siguientes, ya que se presume retaliación.
En el ámbito educativo, universidades y centros de formación están obligados a contar con protocolos de prevención y atención, incluyendo situaciones que ocurran en entornos digitales.

Cómo denunciar el acoso sexual en Colombia
Denunciar es un paso fundamental para romper el ciclo de violencia y activar las rutas de atención institucional, así lo demarca el Ministerio de Justicia y del Derecho.
En Colombia, las víctimas pueden presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de forma verbal o escrita. Es importante narrar los hechos de manera clara, indicando lo sucedido, cuándo ocurrió y quién estuvo involucrado.
También existen centros especializados como los CAIVAS (Centros de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Delitos Sexuales), donde se brinda acompañamiento integral.
Si no es posible acudir directamente a la Fiscalía, se puede buscar orientación en la Policía Nacional, las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las Salas de Atención al Usuario (SAU) o las Casas de Justicia. Incluso, al acudir a un centro de salud, el personal médico puede activar el reporte a las autoridades.
Una vez interpuesta la denuncia, la Fiscalía adelanta la investigación correspondiente. Si encuentra mérito, el caso será presentado ante un juez, quien determinará la responsabilidad del acusado y las posibles sanciones.
De acuerdo con el Código Penal colombiano en su Art 210-A, deja claro que aquellos que realicen este tipo de actos “incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.

