Cuatro iniciativas legislativas quedaron listas para la sanción presidencial luego de completar su tránsito en el Congreso de la República. Tras el aval de la Secretaría Jurídica, el presidente Gustavo Petro podrá convertir en ley estos proyectos aprobados en la plenaria del Senado durante la más reciente jornada legislativa.
Entre las normas aprobadas se encuentra la que crea un marco jurídico para impulsar la cococultura en el país, junto con el Fondo Nacional del Coco. Esta iniciativa busca fortalecer la productividad del sector, incentivar la investigación y promover el desarrollo sostenible de esta actividad agrícola, con impacto en regiones productoras. Lea: Congreso da paso firme para acabar con la mutilación genital femenina en Colombia
También avanzó el proyecto enfocado en la protección de las personas mayores, especialmente aquellas en situación de abandono. La norma establece medidas para reforzar la responsabilidad tanto del Estado como de las familias en la garantía de sus derechos.
Otra de las leyes aprobadas reconoce a la Banda de Baranoa, en el Atlántico, como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, con el objetivo de preservar esta tradición musical. En la misma línea cultural, el Senado dio luz verde al reconocimiento de la Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Marinilla, en Antioquia, declarando al municipio como la “Ciudad con Alma Musical de Colombia”.
Proyectos clave sobre salud y acceso al agua avanzan
En paralelo, la Comisión Séptima del Senado dio su aprobación a otros proyectos relevantes. Uno de ellos establece una política pública integral para la atención de la tuberculosis, en coincidencia con el Día Mundial de esta enfermedad.
La senadora Nadia Blel Scaff, ponente de la iniciativa, destacó que el proyecto contempla diagnóstico oportuno, tratamiento supervisado y atención psicosocial, con énfasis en poblaciones vulnerables.
Así mismo, avanzó una propuesta que obliga la instalación de bebederos de agua potable en espacios públicos como parques y zonas de alta concurrencia, con el fin de garantizar el acceso al recurso y reducir el uso de plásticos de un solo uso.
Finalmente, fue aprobado un proyecto que prohíbe flexibilizar los requisitos mínimos para ocupar cargos directivos en el sector público y en empresas con participación estatal, buscando mantener estándares en la administración pública.