El Gobierno nacional puso en marcha nuevas reglas para fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad dentro de la contratación estatal. La medida quedó establecida en el decreto 0287 de marzo de 2026, que fija obligaciones concretas para las entidades públicas y para quienes aspiren a contratar con el Estado.
La normativa establece que las instituciones oficiales deberán abrir espacios reales de participación a esta población dentro del sistema de compras públicas, al tiempo que promueve la vinculación laboral en empresas que participen en procesos como licitaciones o concursos de méritos.
De acuerdo con Cristóbal Padilla, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la iniciativa responde a un mandato legal orientado a reducir barreras históricas. “Las medidas contenidas en la norma apuntan a cumplir con el mandato de ley que le impone al Estado el deber de fomentar las fuentes de trabajo para las personas en situación de discapacidad”, expresó Padilla. Lea: Desde esta fecha será obligatorio contratar a personas con discapacidad
El decreto también obliga a que los proveedores del Estado integren a personas con discapacidad en sus equipos de trabajo, teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades. Además, se impulsa la participación directa de emprendimientos y empresas lideradas por esta población en los procesos contractuales.
Nuevas exigencias en contratos públicos
Otro de los puntos centrales de la reglamentación es la inclusión de criterios de accesibilidad en todos los contratos financiados con recursos públicos. Esta exigencia aplica tanto para entidades estatales como para particulares que ejecuten estos recursos, sin importar el régimen de contratación bajo el cual operen.
Dichos criterios deberán quedar consignados desde la etapa previa de los procesos contractuales, en los estudios y documentos que sustentan cada convocatoria. Para ello, las entidades deberán basarse en normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes, procurando abarcar el mayor número de tipos de discapacidad definidos por el Ministerio de Salud.
En los casos en que no existan lineamientos específicos, las entidades tendrán que diseñar fichas técnicas propias que definan las condiciones de accesibilidad requeridas.
Seguimiento y cifras de la población
La Agencia Colombia Compra Eficiente será la encargada de hacer seguimiento a la implementación del decreto. Su labor incluirá la recopilación de información reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), especialmente en aquellos contratos donde se aplique esta medida de inclusión.
Con base en esos datos, la entidad elaborará informes anuales para evaluar el impacto de la política en la generación de oportunidades para personas con discapacidad.
Según cifras oficiales, en Colombia hay más de 1,3 millones de personas con discapacidad. De acuerdo con el DANE, cerca de la mitad se encuentra en edad productiva, entre los 15 y 59 años, lo que evidencia el alcance potencial de esta medida dentro del mercado laboral y la contratación pública.