La Corte Constitucional convocó para el próximo 13 de abril de 2026 una mesa técnica con más de 20 actores del sistema de salud, en medio del incidente de desacato abierto contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La diligencia busca esclarecer el cumplimiento de las órdenes relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso clave para financiar la atención médica en el país.
El proceso es liderado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, bajo la presidencia del magistrado Carlos Camargo, junto con los togados Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero. El incidente fue abierto mediante el Auto 2049 del 10 de diciembre de 2025, tras evidenciarse el incumplimiento de disposiciones previas relacionadas con el cálculo y la suficiencia de la UPC. Lea: Las principales quejas ciudadanas que recibe la Personería en Cartagena
De acuerdo con el alto tribunal, el Ministerio de Salud debía cumplir tres puntos principales: equiparar el valor de la UPC del régimen subsidiado al 95% del contributivo, corregir las fallas en el sistema de información y demostrar que los recursos son suficientes para cubrir los servicios de salud.
El Ministerio respondió dentro del plazo legal asegurando haber cumplido con las órdenes y solicitó el archivo del incidente. En su defensa, indicó que expidió la Resolución 2605 de 2025 para avanzar en la equiparación de la UPC, aunque aclaró que su aplicación efectiva se vería reflejada en la vigencia de 2026. También reportó avances en herramientas como la facturación electrónica en salud y un mecanismo de verificación de datos.
Corte advierte falta de efectos inmediatos
Sin embargo, la Corte concluyó que las acciones reportadas no tienen impacto inmediato. En el Auto 2061 del 19 de diciembre de 2025, precisó que “gran parte de las actuaciones informadas corresponden a la expedición anunciada de actos administrativos cuya eficacia se proyecta para la vigencia 2026”.
Además, el alto tribunal rechazó varias solicitudes probatorias del Ministerio, entre ellas la práctica de una prueba pericial y la exhibición de libros contables de las EPS. Argumentó que la responsabilidad de calcular la UPC recae exclusivamente en la cartera de salud.
Sobre el fondo del asunto, la Corte reiteró que las órdenes “deben ser cumplidas de manera inmediata por el Ministerio de Salud y Protección Social, a efectos de garantizar el derecho fundamental a la salud, so pena de incurrir en las sanciones legales correspondientes”.
Por su parte, el magistrado Fernández manifestó una posición divergente al señalar que “la etapa probatoria cumple una finalidad garantista” y que no es el momento procesal para anticipar conclusiones de fondo.
Amplia participación en la mesa técnica
La jornada contará con la presencia de altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda, Germán Ávila, así como delegados del Departamento Nacional de Planeación, el DANE y la Adres. También asistirán representantes de organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.
El encuentro incluirá a líderes gremiales, voceros de pacientes, representantes del sector hospitalario y expertos académicos, en un espacio que busca aportar elementos técnicos al análisis del cumplimiento de las órdenes judiciales.