Una inspección del Ministerio de Trabajo y testimonios recopilados por la Revista RAYA reconstruyen el origen y la dimensión del escándalo que sacudió a Caracol Televisión. Los hallazgos apuntan a que la empresa tenía conocimiento de denuncias por acoso desde al menos 2021 y que, incluso, existían múltiples quejas sin una respuesta de fondo.
El detonante público ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando tres periodistas y una practicante acudieron a Gestión Humana para denunciar hechos reiterados que las venían afectando. Las acusaciones involucraban a los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, dos rostros reconocidos del noticiero. Once días después, el canal anunció su salida.
Sin embargo, el acta de inspección sugiere que el caso no fue aislado. Según el documento, había antecedentes y llamados de atención previos, especialmente contra Orrego, sin que se hubieran adelantado procesos disciplinarios acordes con la gravedad de las denuncias. Lea: Nueva denuncia para Caracol: Diego Urrea de Séptimo Día expone situación que vivió
Uno de los elementos más delicados revelados por las fuentes es que la practicante, quien también denunció ante la Fiscalía el mismo 13 de marzo, habría lanzado un ultimátum a la compañía: si no se tomaban medidas públicas, ella misma divulgaría las pruebas. Esa presión, según el testimonio citado por RAYA, habría precipitado la salida de los presentadores.
Antecedentes y ambiente laboral bajo cuestionamiento
La inspección evidenció que en 2023 ya existía un llamado de atención contra Orrego “por abrazos forzados, besos obligados, acercamientos a las personas y tocamientos corporales no consentidos”. Pese a ello, la empresa no inició un proceso disciplinario formal. En 2025 se registró un segundo llamado por conductas calificadas como “absolutamente inaceptables hacia mujeres del noticiero”.
De acuerdo con lo expuesto ante el Ministerio, estas situaciones generaron “un ambiente de trabajo inseguro, tenso y hostil que provocó un temor entre las colaboradoras afectadas”. Incluso, se indicó que algunas directrices internas recomendaban evitar encuentros con el presentador, lo que evidenciaría medidas informales en lugar de acciones estructurales.
El informe también señala la existencia de al menos 15 quejas adicionales no tramitadas, muchas de ellas frenadas por miedo a represalias o desconfianza en los canales internos. Además, se identificó la ausencia de protocolos claros para atender estos casos, especialmente en personal tercerizado.
Cuestionamientos legales y medidas del Ministerio
La abogada Liria Manrique advirtió que el manejo del caso podría contradecir obligaciones legales. “Caracol operó bajo un vacío estructural al no contar con protocolos específicos de género”, señaló, y añadió que remitir estos hechos únicamente a instancias internas desconoce el deber de informar a la Fiscalía.
También cuestionó los acuerdos de salida, especialmente el firmado con Vargas bajo una cláusula de confidencialidad. “Pactar silencio sobre una base delictiva es, técnicamente, una obstrucción a la verdad”, afirmó. Lea también: Caso Caracol: periodista en video con Jorge Alfredo Vargas tomó medida que sacude las redes
Tras la inspección, el Ministerio impuso medidas preventivas, entre ellas la protección de denunciantes, la implementación de protocolos y la reconstrucción de expedientes. No obstante, la empresa presentó un recurso para intentar revertirlas, sin que hasta ahora se conozcan sus argumentos.
El caso ha escalado más allá de los despidos iniciales. Durante la diligencia, que se extendió por ocho horas, surgieron nuevas denuncias que apuntan a posibles patrones de comportamiento dentro del canal y su emisora asociada, Blu Radio.
Mientras tanto, la compañía mantiene silencio frente a varios de los cuestionamientos clave, en medio de un proceso que podría tener implicaciones legales y reputacionales de mayor alcance.