Tras el hallazgo de graves inconsistencias en su ejecución y un deterioro progresivo en la prestación del servicio de salud, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión inmediata de la intervención forzosa sobre Coosalud EPS.
De acuerdo con lo que se ha conocido, la decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio No. 072, la cual responde a una acción popular que tiene como fin proteger el derecho colectivo a la moralidad administrativa y evitar un perjuicio irremediable para los usuarios del sistema. Lea también: Tribunal Administrativo de Bolívar ordena frenar intervención a Coosalud
En una de las conclusiones por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, se detalla que, lejos de mejorar la situación de la EPS, la intervención ordenada por la Supersalud en noviembre de 2024 y prorrogada en 2025, habría profundizado los problemas administrativos, financieros y asistenciales de la entidad.
Según el tribunal, el plan de acción “no ha mostrado resultados satisfactorios, al punto de no contener una mejoría en la gestión de la administración; no se observa el cumplimiento de las acciones de mejora que dieron lugar a la intervención, lo que incluso hubiese justificado su continuidad”.
Defensa de Coosalud: "La entrega aún no se ha realizado"
La orden judicial de restituir la administración de Coosalud EPS aún no se concreta, según informó Natalia Largo González, accionante de la acción popular que originó el Auto Interlocutorio No. 072.
Largo González comunicó a la opinión pública, a los afiliados de la EPS y a los medios de comunicación que el Tribunal Administrativo de Bolívar tomó una decisión clara respecto a la entidad de salud.
Según la demandante, el Tribunal suspendió los efectos de la intervención y ordenó restablecer la administración, dirección y representación legal de Coosalud EPS a quienes ejercían esas funciones antes de la toma de posesión.
A pesar de la orden del Tribunal, la entrega efectiva de la administración no se ha realizado. "A la fecha, no se ha realizado la entrega efectiva de la administración, ni el empalme operativo, ni el acceso integral a la información, procesos y herramientas necesarias para asumir la gestión de la entidad en los términos ordenados por el Tribunal", indicó Largo Gonzales.
Y agregó: “Quienes resultaron amparados por esta medida reiteran que su único interés es asumir cuanto antes sus responsabilidades para trabajar por los 3,3 millones de afiliados de Coosalud EPS, estabilizar la operación y fortalecer la atención en todo el país".
¿Qué implica la demora en la entrega de Coosalud EPS?
Cada día que pasa sin que se concrete la entrega, según Natalia Largo, se posterga el objetivo principal de la decisión judicial: recuperar condiciones de gestión que permitan responder de mejor manera a los usuarios, a la red prestadora y a las obligaciones propias del sistema de salud.
Señaló que cualquier comunicación que sugiera que la orden judicial ya se cumplió, o que intente modificar el destinatario definido por la providencia judicial, no se corresponde con el alcance real de la decisión adoptada por la autoridad competente.
Para la accionante, existe una disposición absoluta para llevar a cabo una transición ordenada, técnica y transparente, dentro del marco legal y con pleno respeto institucional. Le puede interesar: Procuraduría abre investigación disciplinaria contra cinco interventores de Coosalud EPS
“Hoy lo que esperan los usuarios, los prestadores y el país no son interpretaciones ambiguas ni nuevos obstáculos. Esperan cumplimiento efectivo, estabilidad operativa y continuidad en el servicio”, concluyó Largo Gonzales.