El debate sobre la legalidad del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno llegó a la Corte Constitucional de Colombia con posturas completamente opuestas.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia pidió tumbar el decreto, mientras la Defensoría del Pueblo solicitó mantenerlo, aunque con controles más estrictos.
La discusión gira en torno al Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, expedido tras el frente frío que afectó a 181 municipios del Caribe colombiano. Lea:Superintendente de Salud denuncia cobros ilegales en clínicas y hospitales
Emergencia por frente frío divide a ANDI y Defensoría del Pueblo
El gremio empresarial, liderado por Bruce Mac Master, solicitó declarar inexequible la norma con efectos retroactivos.
Su principal argumento es que la emergencia no cumple el requisito de ser un hecho imprevisible. Según la ANDI, el propio Gobierno ya había advertido desde 2024 y 2025 sobre el riesgo de lluvias intensas y un posible fenómeno de La Niña, por lo que no puede alegar sorpresa.
Para el gremio, el Ejecutivo estaría utilizando una figura excepcional para resolver problemas estructurales, como las deudas del sector eléctrico en la Costa Caribe, que superaban los $2,5 billones antes de la emergencia.
Además, cuestionó que el Gobierno no haya demostrado falta de recursos, señalando que el presupuesto nacional y el recaudo tributario han crecido de forma significativa en los últimos años.
Por ello, pidió que, si el decreto es anulado, también se ordene devolver los impuestos creados durante la emergencia.
La Defensoría respalda la medida, pero pide control
En contraste, la defensora Iris Marín solicitó mantener la constitucionalidad del decreto, argumentando que sí existió una grave calamidad pública.
La entidad documentó afectaciones masivas en departamentos como Córdoba, La Guajira, Chocó, Bolívar y Magdalena, con miles de personas damnificadas, viviendas destruidas y cultivos perdidos.
Según la Defensoría, las herramientas ordinarias del Estado no son suficientes para responder a este tipo de emergencias, ya que no permiten, por ejemplo, crear nuevos impuestos para financiar la atención de la crisis.
No obstante, hizo una advertencia clave: el uso del Estado de Emergencia no puede convertirse en una práctica recurrente frente a fenómenos asociados al cambio climático.
Un fallo clave en medio de antecedentes recientes
El caso se analiza en el expediente RE-390, bajo la ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, en una discusión que fue aplazada tras la presentación de impedimentos por parte de varios magistrados.
La decisión de la Corte se da en un contexto complejo, luego de que el tribunal ya declarara inexequible un decreto de emergencia similar (Decreto 1390 de 2025), al considerar que respondía a problemas estructurales y no a una crisis sobreviniente.
Lo que está en juego
Además del decreto principal, la Corte evalúa varios decretos de desarrollo que incluyen nuevos impuestos, medidas de expropiación, contratación directa y ajustes en el sector eléctrico.
La decisión será determinante no solo para la legalidad de estas medidas, sino también para definir los límites del uso de los estados de excepción en Colombia frente a fenómenos climáticos y crisis fiscales.
La Sala Plena retomará el análisis una vez se resuelvan los impedimentos, en una discusión que podría marcar un precedente clave para futuras emergencias en el país.