Más de 12.000 personas enfrentan confinamiento, desabastecimiento y restricciones a la movilidad en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas debido a los paros armados impuestos desde diciembre de 2025 por estructuras disidentes de las antiguas Farc.
La situación fue calificada por la Defensoría del Pueblo de Colombia como una “crisis humanitaria sostenida”.
Defensoría advierte crisis humanitaria y riesgo para elecciones presidenciales
Según el organismo, las restricciones son atribuidas al autodenominado Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, y al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por Calarcá Córdoba.
Las estructuras armadas mantienen limitaciones sobre corredores fluviales y zonas rurales estratégicas de la Amazonía colombiana.
Putumayo, uno de los departamentos más afectados
En Putumayo, las restricciones podrían impactar a más de 6.300 personas en el municipio de Puerto Guzmán, incluidas comunidades indígenas Nasa e Inga.
En Puerto Leguízamo, más de 5.800 habitantes también enfrentan dificultades de movilidad y abastecimiento. Allí, ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje dependen del transporte fluvial para acceder a alimentos, combustible y servicios básicos.
Comunidades indígenas permanecen confinadas en Amazonas
La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció además que 488 núcleos familiares, equivalentes a 1.706 personas de 14 comunidades del medio río Caquetá, permanecen confinados en Amazonas.
Las comunidades reportan escasez de alimentos y combustible debido a las restricciones impuestas sobre los ríos.
Elecciones presidenciales podrían verse afectadas
La crisis también amenaza el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia.
Según la Defensoría, las dificultades para transportar material electoral por vía fluvial ponen en riesgo:
- 12 mesas de votación en Puerto Leguízamo.
- 14 mesas de votación en Puerto Guzmán.
Nuevos paros armados aumentan tensión
Esta semana circuló un audio en el que se advierte sobre un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán.
La medida se sumaría a restricciones ya existentes en el río Orteguaza y sectores orientales de Cartagena del Chairá.
Comunidades como Peñas Rojas, en Solano, así como resguardos indígenas Andoke de Aduche y Monochoa, enfrentan condiciones de alto riesgo.
Defensoría pide respuesta urgente
La entidad aseguró que desde diciembre de 2025 ha emitido cinco oficios de consumación relacionados con confinamientos, enfrentamientos armados y restricciones a la movilidad.
Además, recordó que la Alerta Temprana 001 de 2025 ya advertía sobre el deterioro de la situación humanitaria en la región.
La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió al Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías una respuesta articulada para:
- Garantizar la movilidad en corredores fluviales.
- Permitir el ingreso de ayuda humanitaria.
- Proteger a las comunidades civiles.
- Asegurar el desarrollo de las elecciones en zonas rurales afectadas.