El Gobierno nacional solicitó a la Superintendencia Financiera revisar el traslado de recursos realizado por los fondos privados hacia Colpensiones, en medio de las diferencias detectadas en las cifras relacionadas con los afiliados que cambiaron del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) al Régimen de Prima Media.
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Redacción ColombiaLa petición fue realizada por los ministerios de Hacienda y Trabajo, encabezados por Germán Ávila y Antonio Sanguino, quienes advirtieron sobre posibles riesgos financieros derivados de inconsistencias en los recursos trasladados desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al sistema público. Lea: MinTrabajo revela que presidente de Asofondos está pensionado en Colpensiones
En el documento enviado al superintendente financiero, César Ferrari, el Ejecutivo pidió fortalecer las labores de supervisión, control y vigilancia para establecer si los recursos fueron girados de manera adecuada y conforme a lo establecido en la reforma pensional.
La solicitud también busca proteger los derechos de cerca de 132 mil afiliados y pensionados que realizaron el cambio de régimen en el marco de la nueva normativa pensional impulsada por el Gobierno.
Gobierno revisa traslados de AFP a Colpensiones
Además de verificar los recursos ya trasladados, el Ejecutivo pidió revisar la información relacionada con los movimientos de afiliados entre ambos regímenes, tanto por decisión voluntaria como por órdenes judiciales, con el propósito de consolidar un balance general sobre los dineros transferidos.
“En consecuencia, se solicita adoptar las medidas necesarias que permitan establecer con claridad, la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados, por trasladar a la fecha o que deban trasladarse, en atención a que dicha información resulta esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones”, concluyó la comunicación dirigida a la Superintendencia Financiera.
La petición surge en medio de las tensiones generadas por la suspensión del traslado de recursos desde las AFP hacia el régimen público, situación que, según el Gobierno, genera preocupación sobre la estabilidad financiera del sistema pensional colombiano.