La Red de Veedurías de Colombia denunció presuntas irregularidades relacionadas con procesos contractuales y decisiones administrativas en Ecopetrol, señalando al actual vicepresidente de la compañía, Felipe Trujillo López.
Según informó Pablo Bustos, director de la organización, la entidad recibió información que habría sido suministrada por personas que se identifican como trabajadores de la estatal petrolera. Los señalamientos incluyen supuestas anomalías en contratación de personal, adquisición de bienes considerados suntuarios y movimientos económicos que, según la denuncia, merecen ser revisados por los organismos de control. Lea: USO convoca paro de 24 horas y acusa a Ecopetrol de frenar negociación
“La Red de Veedurías de Colombia se permite advertir a la opinión pública y el país en general que ha recibido denuncias que vendrían de los trabajadores de la estatal petrolera Ecopetrol relacionadas con las movidas económicas de Felipe Trujillo López, actual Vicepresidente de la compañía. Documentos que han sido entregados a la línea de ética de la entidad”, dijo la organización.
De acuerdo con la información divulgada por Bustos, una de las principales preocupaciones está relacionada con la eventual firma de contratos de alto valor económico durante el actual periodo de ley de garantías.
Denuncian contratos por más de 2.000 millones de dólares
El director de la Red de Veedurías aseguró que los reportes recibidos apuntan a procesos que involucrarían recursos superiores a los 2.000 millones de dólares. Según explicó, dichos contratos estarían asociados a trabajos de mantenimiento en plantas de producción y refinerías, incluida la instalación LBCC en Barrancabermeja, además de iniciativas vinculadas al abastecimiento.
“Existen presiones para firmar en plena ley de garantías y a puertas de un nuevo gobierno corporativo más de 2.000 millones de dólares en tiempo récord; los multimillonarios contratos se estarían pensando hacer en mantenimientos a las plantas de producción y refinerías como la de LBCC, en Barrancabermeja, además del plan de abastecimiento integran, lo curioso es que el contrato se estaría proyectando a cinco años con posibilidad de extenderlo a ocho”.
Bustos indicó que, aunque en ocasiones anteriores ha respaldado la operación de la empresa estatal, en esta oportunidad consideró necesario poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
“Prendemos las alarmas y activamos los protocolos de denuncia, nos han llegado los anónimos de quienes se presentan como trabajadores y en nuestro deber advertir los hechos ante las autoridades pertinentes para inicien las investigaciones a lugar y a la opinión pública, y la ciudadanía para que se sumen en el control de lo público”.
Así mismo, informó que solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría adelantar las verificaciones correspondientes sobre los hechos denunciados, con el propósito de garantizar la transparencia en los procesos y brindar protección a las personas que habrían entregado la información.