A pocas semanas de concluir el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia, el balance de la administración de Gustavo Petro muestra luces y sombras.
Aunque durante su mandato se registraron avances en indicadores como desempleo, pobreza monetaria y reformas laborales, el país llega al final del cuatrienio enfrentando desafíos significativos en materia fiscal, sanitaria, de seguridad y sostenibilidad del gasto público.
Gobierno da balance: retos en finanzas, salud, seguridad y tamaño del Estado
Uno de los principales retos que deja el Gobierno Petro está relacionado con las finanzas públicas. Entre 2023 y 2026, el déficit primario del Gobierno Nacional Central pasó de $3,2 billones, equivalentes al 0,3 % del PIB, a $63 billones, es decir, el 3,4 % del PIB, multiplicándose por veinte en apenas tres años.
La situación llevó al Ministerio de Hacienda a revisar sus proyecciones para 2026. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado el pasado 12 de junio, la cartera elevó la estimación del déficit fiscal de 5,1 % a 5,3 % del PIB.
El ajuste no obedeció a una reducción en las expectativas de recaudo. Por el contrario, el Gobierno proyecta ingresos tributarios por $292,4 billones, unos $2,9 billones más de lo previsto en marzo. Sin embargo, el gasto total aumentaría en $7,3 billones, alcanzando los $431 billones.
Analistas económicos han insistido en la necesidad de revisar el gasto público para corregir los desequilibrios fiscales. No obstante, el Ejecutivo defendió que cerca del 90 % de los gastos son inflexibles, al estar asociados a transferencias sociales y obligaciones pensionales.
Desde Anif propusieron un ajuste equivalente a tres puntos del PIB, mediante la revisión de gastos de funcionamiento, inversión y beneficios tributarios. Entre las medidas planteadas figuran cambios en la estructura estatal, control de la evasión en salud, reducción de contratos por prestación de servicios y nuevas fuentes de recaudo.
Sistema de salud: reformas fallidas y aumento de tutelas
La reforma al sistema de salud fue una de las principales apuestas del Gobierno Petro, pero los proyectos presentados no lograron superar el trámite legislativo y terminaron hundidos en el Congreso.
Mientras tanto, las tutelas relacionadas con la protección del derecho a la salud aumentaron un 17,9 % entre 2024 y 2025, al pasar de 265.000 a 312.500 casos.
Durante este periodo también fueron intervenidas varias EPS, entre ellas Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Asmet Salud, Savia Salud, SOS y Emssanar. Estas entidades concentran la atención de cerca de 18 millones de afiliados.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que el próximo gobierno deberá encontrar recursos adicionales por aproximadamente $22 billones para estabilizar el sistema, fortalecer la atención y garantizar su sostenibilidad financiera.
Entre las propuestas planteadas se encuentran la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para la salud, monitoreo permanente de medicamentos críticos, atención prioritaria para pacientes de alto riesgo y mecanismos que permitan definir el futuro de las EPS intervenidas.
Seguridad: más homicidios y desafíos en la lucha contra el narcotráfico
Los indicadores de seguridad también generan preocupación al cierre del mandato. Según las cifras disponibles, el periodo 2022-2025 registró 40.663 homicidios, superando los 37.795 contabilizados durante el gobierno de Iván Duque y los 36.646 reportados durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos.
Solo en 2025 se registraron 14.780 homicidios, convirtiéndose en el año más violento de la última década.
A esto se suma la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, debido a los resultados insuficientes en materia de erradicación y combate al narcotráfico.
Aunque la decisión será revisada nuevamente en septiembre, el Gobierno se comprometió a erradicar 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos antes del 7 de agosto, según informó Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Pese a ello, la administración destaca resultados operativos como la captura de 17.000 personas vinculadas al narcotráfico, la neutralización de 14.000 objetivos criminales, 300 extradiciones, la incautación de 3.200 toneladas de cocaína y la destrucción de 19.000 laboratorios ilegales.
El crecimiento del aparato estatal
Otro de los aspectos cuestionados durante el gobierno ha sido el aumento del tamaño del Estado y su impacto sobre las cuentas públicas.
Entre 2022 y 2025, el costo de la nómina estatal pasó de $168,1 billones a $190,8 billones, lo que representa un incremento de $22,7 billones.
En ese mismo periodo se registraron cerca de 130.000 nuevas vinculaciones laborales en el sector público. De acuerdo con cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, este crecimiento tuvo un costo estimado de $3,7 millones por colombiano.
La expansión también se reflejó en los contratos por prestación de servicios (OPS), que pasaron de 45.000 durante el último año del gobierno Duque a 64.000 durante la administración Petro.
Según el Observatorio Fiscal, las presiones sobre el gasto no solo responden al aumento de personal, sino también a incrementos salariales, prestaciones y contribuciones patronales. La entidad destacó que el aumento del salario mínimo para 2026 generó un impacto adicional de $1,3 billones en gastos de personal y un efecto fiscal total cercano a los $6 billones, concentrado principalmente en los sectores de Defensa y Policía.
Un balance con avances y desafíos pendientes
El gobierno de Gustavo Petro concluye dejando resultados mixtos. Mientras indicadores sociales como el desempleo y la pobreza mostraron mejoras, persisten desafíos estructurales relacionados con la sostenibilidad fiscal, la estabilidad del sistema de salud, la seguridad ciudadana y el crecimiento del gasto estatal.
Estos serán algunos de los principales retos que deberá enfrentar la próxima administración a partir del 7 de agosto.