El presidente Gustavo Petro cuestionó una decisión judicial que le ordena abstenerse de intervenir en asuntos relacionados con la campaña presidencial mediante el uso de recursos y escenarios asociados a su cargo, medida adoptada mientras se estudia una acción de tutela en su contra.
Durante el consejo de ministros realizado en la noche del martes 16 de junio, el mandatario manifestó su desacuerdo con la determinación y aseguró que la orden representa una limitación a su capacidad de pronunciarse sobre temas de interés público.
“Eso es callar a un presidente elegido por voto popular”, afirmó Petro al referirse a la decisión adoptada por un juzgado laboral de Medellín.
El jefe de Estado también cuestionó que se le impongan restricciones sobre determinados asuntos y pidió una reacción inmediata de su equipo jurídico. “¡No señor! ¡No señor! Quiero que mis abogados actúen de inmediato”, expresó durante la reunión.
La controversia surgió después de que el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín admitiera una tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas contra el presidente de la República. Lea: Gustavo Petro señala motivos políticos detrás de presunta censura de la CRC
Como medida provisional, el despacho judicial ordenó que el mandatario se abstenga de utilizar recursos, bienes y espacios propios de la Presidencia para intervenir en el desarrollo de la contienda electoral mientras se resuelve el caso de fondo.
¿Qué ordenó el juzgado a Gustavo Petro sobre la campaña presidencial?
La decisión fue firmada por la jueza Anny Carolina Goenaga Peláez, quien dispuso que el presidente no podrá emplear canales, plataformas o escenarios vinculados al ejercicio de sus funciones para difundir mensajes que puedan favorecer o perjudicar, de manera directa o indirecta, a los candidatos en competencia.
La medida incluye alocuciones oficiales, eventos públicos y demás espacios nacionales e internacionales en los que participe el jefe de Estado en calidad de presidente. Lea también: Petro anuncia denuncia contra Abelardo de la Espriella ante la justicia y CPI
Asimismo, la orden judicial se extiende a la cuenta de X @petrogustavo cuando esta sea utilizada como herramienta relacionada con el ejercicio de la función pública.
Al responder a los cuestionamientos sobre sus intervenciones públicas, Petro sostuvo que sus declaraciones han estado enfocadas en denunciar hechos que considera delictivos y no en promover candidaturas dentro del proceso electoral. Le puede interesar:
Según el mandatario, cuando un funcionario observa la posible comisión de un delito tiene el deber constitucional de reportarlo, especialmente si los hechos afectan a integrantes de su administración o a su propia persona.
El juzgado advirtió que el eventual incumplimiento de la medida provisional podría derivar en sanciones por desacato. Además, otorgó al presidente un plazo de dos días para pronunciarse sobre la tutela mientras continúa el análisis de fondo del expediente.