El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, envió una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que expresó su disposición de avanzar hacia un eventual sometimiento o un proceso de conversaciones con el nuevo Gobierno.
En el documento, la organización aseguró que “el EGC afirma ser consciente de que cualquier transición a la legalidad requiere aceptar el Estado de derecho y la justicia”, al exponer su posición frente a un eventual acercamiento con la nueva administración.
¿Qué condiciones planteó el Clan del Golfo al presidente electo?
La comunicación también señala que el grupo armado está dispuesto a acogerse a la justicia, aunque condicionó cualquier avance a la existencia de garantías jurídicas y de seguridad para sus integrantes. Lea: José Manuel Restrepo solicita frenar nombramientos en la UNP por seguridad de Abelardo de la Espriella
Entre sus solicitudes figuran medidas de protección para los combatientes y para las comunidades asentadas en las zonas donde tiene presencia, así como acciones frente a la actividad de otras estructuras armadas.
El EGC puso como ejemplo la situación del Catatumbo, una región que, según indicó, enfrenta escenarios de violencia, desplazamiento y confinamiento de comunidades por cuenta del conflicto.
La organización sostuvo además que el marco jurídico actual no ofrece garantías suficientes para un sometimiento de un grupo con sus dimensiones y características.
Para respaldar ese planteamiento, citó la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que diferencia entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto. Lea también: Abelardo De la Espriella dice que llevará al Departamento de Justicia de EE.UU. caso Clan del Golfo
De acuerdo con la carta, esa distinción permite la existencia de diálogos políticos y acuerdos de paz con los primeros, mientras que con las segundas únicamente proceden conversaciones de sometimiento a la justicia.
El grupo también afirmó que fue reconocido como Grupo Armado Organizado mediante la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, un aspecto que considera relevante dentro de cualquier discusión sobre su situación jurídica.
En la misiva se pidió igualmente la expedición de una ley que garantice seguridad jurídica, verdad plena, reparación efectiva y garantías de no repetición.
El EGC recordó el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo la Ley 975 de 2005 y mencionó la Sentencia STP15949-2025 de la Corte Suprema de Justicia, según la cual el mecanismo de Justicia y Paz tardaría 59 años y seis meses en concluir.
Según el documento, esa demora podría abrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional y evidencia que numerosos exintegrantes de las AUC aún no acceden plenamente a derechos como abrir cuentas bancarias, recibir atención en salud o ejercer derechos políticos.
En el cierre de la carta, la organización indicó que “el EGC manifiesta estar listo para recibir al Comisionado de Paz y a los funcionarios que designe el nuevo gobierno” y reiteró “su disposición a continuar conversaciones encaminadas a su acogimiento a la justicia, con acompañamiento de países mediadores”.