La expansión de la minería ilegal en el páramo de Santurbán quedó expuesta en una fotografía exclusiva divulgada por Vanguardia, que muestra una bocamina ubicada a más de 3.000 metros de altura dentro del área de influencia de este ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua en Santander y Norte de Santander.
La imagen, registrada durante el último mes, evidencia la intervención de una zona caracterizada por la presencia de frailejones y refuerza las alertas sobre el deterioro ambiental en un territorio del que dependen más de dos millones de habitantes para el suministro de agua potable.
Según informó Vanguardia, la situación no corresponde a un hecho aislado. En una montaña del municipio de California, donde se ha perdido buena parte de la cobertura vegetal en un área cercana a las 300 hectáreas, se contabilizan más de 200 entradas a minas.
De acuerdo con el reporte, las primeras excavaciones fueron abiertas por mineros tradicionales, pero posteriormente la denominada “fiebre del oro” atrajo a personas provenientes de distintas zonas de Santander, Norte de Santander, Antioquia y también a migrantes. Lea:Gobierno De la Espriella busca acciones para evitar un apagón eléctrico en el país
¿Qué se sabe sobre la minería ilegal en el páramo de Santurbán?
Hace dos años, un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) estimó que la minería ilegal en Soto Norte podría generar utilidades mensuales cercanas a los 26.000 millones de pesos, en un contexto donde no existen registros oficiales sobre la extracción de oro y plata debido al carácter ilícito de la actividad.
No obstante, Vanguardia señaló que pudo verificar la extracción de hasta 10 kilos de oro en una sola semana desde uno de los socavones, una situación que se suma a los impactos ambientales asociados con esta explotación.
El medio también aseguró que actualmente no existe presencia de entidades como el Ministerio de Ambiente o la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) en ese sector del páramo, donde continúan las labores de extracción ilegal.
La zona minera se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros del parque principal de California. El acceso conduce por una carretera en condiciones regulares y, posteriormente, por un camino estrecho que asciende hacia terrenos del páramo, en un recorrido afectado con frecuencia por las lluvias.
Según la descripción publicada por Vanguardia, en algunos tramos fueron instaladas placas huella para facilitar el tránsito de las volquetas que transportan roca extraída de las minas ilegales. Además, es constante el desplazamiento de personas en motocicleta por la montaña, incluidos habitantes de la región, foráneos e incluso menores de edad que participan en la búsqueda de oro. Lea también: Ecopetrol bajo la lupa: refinería de Cartagena aparece en investigación por millonarios contratos
La publicación coincide con un proceso institucional que permanece abierto desde hace nueve años, cuando la Corte Constitucional ordenó una nueva delimitación del páramo de Santurbán mediante la Sentencia T-361 al considerar que el procedimiento anterior careció de suficiente participación de las comunidades.
Mientras avanzan las mesas de concertación con los municipios de Santander y Norte de Santander que tienen influencia sobre Santurbán, continúan las discusiones sobre el alcance de la delimitación, especialmente frente a si la protección debe abarcar únicamente la superficie o considerar el sistema hídrico subterráneo conectado al ecosistema.
El 5 de marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente declaró una Zona de Reserva Temporal sobre 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, medida que prohíbe durante dos años la minería de extracción de oro y plata y que puede prorrogarse por un periodo igual. De esa extensión, 23.929 hectáreas incluyen 57 títulos mineros de pequeña, mediana y gran minería, según la Agencia Nacional de Minería.
La reserva comprende territorios de los municipios de Matanza, Suratá, California, Vetas, Tona, Charta y Bucaramanga. En esa zona también tiene presencia personal de la empresa Aris Mining, mayor accionista del proyecto Soto Norte, que aclaró, según la información divulgada por Vanguardia, que actualmente no desarrolla actividades mineras ni tiene proyectos radicados ante el Gobierno, en un escenario donde además rige la prohibición establecida por el Ministerio de Ambiente.