Este jueves, 16 de julio, se conoció que el decreto que busca la eliminación de la prima especial para los congresistas tendrá que esperar. El Consejo de Estado decidió suspender, de manera provisional el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro buscaba suprimir este beneficio para quienes asumirán sus curules a partir del 20 de julio de 2026, al considerar que la medida podría vulnerar el principio de igualdad salarial entre funcionarios que desempeñan las mismas funciones.
La decisión responde a una demanda de nulidad contra el Decreto 30 de 2026, expedido por el Ejecutivo en una de sus últimas decisiones antes de concluir el mandato. La medida cautelar estará vigente mientras la alta corte resuelve de fondo el proceso.
¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el decreto que eliminaba la prima de los congresistas?
La decisión fue adoptada por una sala de conjueces, que concluyó que el decreto establece “una dualidad en el tratamiento jurídico que reciben dos tipos de funcionarios, pese a ocupar los mismos cargos y ejercer las mismas funciones: uno para quienes se vincularon al servicio antes del 20 de julio del 2026, que pueden seguir gozando del pago de la prima, y otro para los vinculados a partir de esa fecha, que ya no recibirán esa misma prestación económica”.
Según la corporación, esta diferencia también podría afectar a servidores de la Rama Judicial, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, cobijados por el mismo régimen salarial previsto en la Ley 4ª de 1992.
Además, el Consejo de Estado advirtió que la medida desconoce las garantías establecidas en la Ley 270 de 1996 para los funcionarios judiciales, quienes deben recibir una remuneración acorde con sus funciones, jerarquía y dignidad. También señaló que la norma “va en contra del principio constitucional de que a igual trabajo, corresponde igual salario”.
El Decreto 30 de 2026, firmado el 19 de enero por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), derogaba el Decreto 2170 de 2013, que creó la prima especial para los congresistas elegidos desde el 20 de julio de ese año.
Con la suspensión provisional, los congresistas del periodo 2026-2030 conservarán, por ahora, el beneficio, estimado en cerca de $18,1 millones por legislador. El Gobierno había calculado que su eliminación representaría un ahorro anual cercano a los $62.000 millones para las finanzas públicas.