La prisión de una mujer que sostiene económicamente y cuida de su familia no solo transforma su vida. También altera la cotidianidad de sus hijos, de los adultos mayores a su cargo y de quienes dependen de ella. Con esa realidad como punto de partida, la Corte Constitucional reafirmó el alcance de la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública, mediante la Sentencia T-147 de 2026.
La decisión representa un nuevo respaldo a una política que busca ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de hogar condenadas por determinados delitos, reemplazando la prisión intramural por la prestación de servicios de utilidad pública cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Más que crear un beneficio, la Corte recordó que el objetivo de la norma es equilibrar el cumplimiento de la pena con la protección de derechos fundamentales de quienes resultan afectados indirectamente por el encarcelamiento, especialmente niñas, niños y adolescentes.
Cuando la interpretación termina restringiendo un derecho
El alto tribunal revisó varios casos en los que jueces de instancia habían negado el acceso al sustituto de la pena bajo criterios que no aparecen en la Ley 2292.
Uno de los errores más frecuentes consistía en exigir que la mujer fuera la única persona responsable del sostenimiento del hogar o que no existiera ningún tipo de apoyo familiar.
Sin embargo, la Corte fue enfática al señalar que la condición de mujer cabeza de hogar no desaparece porque, durante la reclusión, otros familiares asuman temporalmente el cuidado de los hijos o colaboren económicamente. Lo relevante es establecer quién ejercía realmente esa jefatura antes de la privación de la libertad.
De acuerdo con la sentencia, analizar únicamente la situación posterior a la captura desconoce el propósito de la ley e incluso puede terminar castigando a la mujer por las consecuencias que genera su propio encarcelamiento.
La decisión también recuerda que los jueces deben valorar todas las pruebas de manera integral. Testimonios, visitas domiciliarias, entrevistas familiares y documentos del proceso penal deben analizarse en conjunto para determinar la realidad del entorno familiar y no mediante una lectura fragmentada de los hechos.
Además, la Corte advirtió que las decisiones judiciales no pueden estar influenciadas por juicios morales sobre la maternidad o la conducta personal de la condenada. El análisis debe centrarse en el ejercicio efectivo del cuidado y la responsabilidad familiar, no en valoraciones subjetivas sobre su comportamiento.
La marginalidad va más allá de la pobreza extrema
Otro de los aspectos que aclara la Sentencia T-147 de 2026 tiene que ver con el concepto de marginalidad, uno de los requisitos para acceder al sustituto de la pena.
Según la Corte, varios despachos judiciales estaban equiparando este requisito con la pobreza extrema prevista como circunstancia de menor punibilidad en el Código Penal, una interpretación mucho más restrictiva que la contemplada por la Ley 2292.
La providencia explica que la marginalidad debe entenderse como un contexto de exclusión social y económica que puede reflejarse en diferentes factores: empleos informales, bajos niveles de escolaridad, violencia de género, consumo de sustancias asociado a condiciones de vulnerabilidad, clasificación en el SISBÉN o condiciones precarias de vivienda, entre otros.
En otras palabras, la mujer no está obligada a demostrar que la pobreza fue la única razón por la cual cometió el delito. Basta con acreditar que la conducta estuvo relacionada con un contexto de vulnerabilidad que afectaba la manutención de su hogar.
La Corte también precisó que la manutención familiar no se limita a la compra de alimentos. Incluye gastos cotidianos como arriendo, servicios públicos, transporte, salud, educación y vestuario, por lo que cualquier actividad orientada a obtener recursos para cubrir esas necesidades debe analizarse dentro de ese contexto.
Un criterio que también comparte la Corte Suprema
La interpretación amplia de la Ley 2292 no es exclusiva de la Corte Constitucional.
En mayo de este año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aplicó de oficio el sustituto de utilidad pública a una mujer condenada como cómplice en un delito relacionado con tráfico de estupefacientes.
En esa oportunidad, el alto tribunal tuvo en cuenta factores como la baja escolaridad, el abandono de su pareja, antecedentes de violencia intrafamiliar y la ausencia de oportunidades laborales para concluir que existía un contexto de alta vulnerabilidad que justificaba la aplicación de la medida.
Con ello, ambas altas cortes coinciden en que la Ley de Utilidad Pública debe aplicarse atendiendo las circunstancias sociales y familiares de cada caso y no mediante interpretaciones restrictivas que terminen desnaturalizando su propósito.
Una política que empieza a mostrar resultados
Desde la entrada en vigencia de la Ley 2292 de 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha vinculado a 275 mujeres al programa de sustitución de la pena mediante servicios de utilidad pública.
Actualmente, 220 continúan activas, en reserva o con suspensión temporal dentro del proceso; 40 culminaron satisfactoriamente las horas de servicio comunitario y 15 accedieron posteriormente a la libertad condicional.
Uno de los datos más relevantes es que, hasta el momento, el Ministerio no reporta casos conocidos de reincidencia entre las mujeres beneficiarias de este mecanismo.
Más allá de las cifras, la Sentencia T-147 de 2026 fortalece una política pública que busca que la justicia no desconozca las realidades sociales de miles de mujeres que sostienen sus hogares. Con reglas más claras para interpretar la ley, la Corte Constitucional envía un mensaje a los jueces del país: el análisis debe partir de las condiciones reales de vulnerabilidad y del interés superior de quienes dependen de estas mujeres, evitando que la pena termine extendiéndose, de manera indirecta, a sus familias.