A pocos días de la posesión presidencial, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella informó que presentó denuncias por presuntas irregularidades en contratos públicos que, en conjunto, superan los 370.000 millones de pesos. Los hallazgos fueron recopilados por el Empalme Anticorrupción y ya fueron puestos en conocimiento de los organismos de control.
Según el reporte entregado por el equipo de transición, las sospechas recaen sobre procesos contractuales relacionados con el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y CENIT, filial de Ecopetrol. Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Lea: Partido Defensores de la Patria de Abelardo De La Espriella obtiene personería jurídica
Uno de los casos señalados corresponde a un contrato para la compra de 16 sistemas antidrones entre el Ministerio de Defensa y CODALTEC. De acuerdo con el análisis del Empalme Anticorrupción, existirían sobrecostos de hasta el 85 %, un posible detrimento patrimonial superior a 20.700 millones de pesos y deficiencias técnicas en los equipos entregados.
Sobre este proceso, el informe advierte: “El análisis técnico advierte la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”.
Contratos de Defensa, UNP y CENIT bajo la lupa
El consolidado también solicita investigar un contrato de la Unidad Nacional de Protección por 24.800 millones de pesos. Según el gobierno electo, la contratación directa se habría adjudicado pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso de selección del que surgió ese negocio.
Otro de los expedientes involucra a CENIT, filial de Ecopetrol. En este caso, el equipo de empalme aseguró haber encontrado nuevos elementos sobre un contrato jurídico cercano a los 23.000 millones de pesos. Entre las situaciones reportadas figuran presuntas presiones políticas, sugerencias sobre perfiles profesionales para el contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento.
Las denuncias fueron presentadas por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, quien además ha sido mencionado como el próximo director de la Agencia Jurídica del Estado.
El gobierno electo señaló que continuará remitiendo a las autoridades competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que resulten de las auditorías en curso. Con ello, afirmó, busca proteger los recursos públicos y garantizar que cualquier posible hecho de corrupción sea investigado por los organismos correspondientes.