A solo horas de que culmine la administración del presidente Gustavo Petro, los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pusieron nuevamente bajo la lupa el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero, una de las personas cercanas al mandatario durante su Gobierno.
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El UniversalLa denuncia fue presentada el jueves 6 de agosto por dos organizaciones sindicales de la entidad, que cuestionan la continuidad de las medidas de protección de Guerrero pese a que ya no desempeña un cargo público.
Según Giovanni Gallo, presidente nacional de Analtraseg, existiría una estrategia para acreditar a Guerrero como activista política o defensora de derechos humanos. Estas condiciones permitirían sustentar la permanencia o el fortalecimiento de las medidas de protección ante la UNP. Lea: Jennifer Pedraza denunció a Juliana Guerrero y a su hermana por presunta red de corrupción
El audio de Juliana Guerrero donde queda expuesta tras petición del esquema de seguridad
La acusación cobró fuerza por un audio que, de acuerdo con el sindicato, habría sido enviado por Guerrero a un analista de seguridad de la entidad. En la grabación, según la versión entregada por Gallo, se menciona la necesidad de acreditar su condición como activista política y una supuesta instrucción relacionada directamente con Petro y con el director de la UNP, Augusto Rodríguez.
Gallo aseguró además que el funcionario encargado del estudio acudió al sindicato para solicitar respaldo, debido a una presunta presión para desarrollar el procedimiento por fuera de los parámetros habituales de la entidad. “El analista del caso acudió al sindicato para que lo protegiéramos, ya que lo estaban forzando a realizar un estudio fuera de los parámetros normales que maneja la Unidad Nacional de Protección”, afirmó.
El dirigente sindical sostuvo que, de acuerdo con la información que conocían, Guerrero no figuraba como activista política ni como defensora de derechos humanos. Por ello, las organizaciones solicitaron claridad sobre los criterios que determinarían su nivel de riesgo y la continuidad de la protección. Lea también: Petro defiende su postura ante el caso de Juliana Guerrero: “buscaron corromperlas”
Los cuestionamientos sobre las medidas de protección de Guerrero ya habían surgido en abril, cuando también se puso en discusión que para ese momento no ocupaba un cargo público.
En aquella ocasión, Rodríguez explicó que Guerrero había trabajado como funcionaria del Ministerio del Interior y que durante ese periodo había reportado situaciones de riesgo. Esos reportes, según el director de la UNP, fueron revisados por los comités técnicos de la entidad.
“Ella fue funcionaria del Ministerio del Interior y en ese momento reportó unos riesgos que fueron evaluados por los comités técnicos de esta entidad. A partir de ahí se recomendaron las medidas de protección”, señaló Rodríguez al explicar el origen del esquema.
El director de la UNP también sostuvo entonces que las medidas de protección no respondían a decisiones discrecionales. “Las medidas no se asignan de manera arbitraria”, afirmó. Ahora, los sindicatos vuelven a cuestionar la permanencia de las medidas y reclaman explicaciones sobre la valoración del riesgo y el procedimiento aplicado al caso de Guerrero.