Colombia generó 706.000 nuevos empleos durante el último año y, por primera vez en varios periodos, las actividades ligadas al consumo y los servicios privados lideraron la creación de empleo en el país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Aunque la tasa de desempleo descendió al 8 % en junio de 2026, frente al 8,6 % registrado en el mismo mes del año anterior, el reto sigue siendo consolidar la generación de empleo formal y sostenible.
En ese escenario, la empresa privada está llamada a desempeñar un papel determinante en la estrategia de crecimiento económico del nuevo Gobierno. Expertos y empresarios coinciden en que el sector no solo será clave para impulsar la inversión y el empleo, sino que también deberá fortalecer su articulación con el Estado bajo reglas claras, seguridad jurídica y mecanismos de cooperación que favorezcan el desarrollo nacional.
Para Jeffrey Janer Quiñones, director de la Especialización en Gestión Territorial y Derecho Urbano de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la empresa privada no es un actor externo al desarrollo nacional, sino un componente inherente del modelo económico que Colombia adoptó hace décadas.
El equilibrio entre regulación y crecimiento
El analista explica que el sector público, cuya misión es responder a necesidades de carácter general y procurar el bienestar colectivo, debe trabajar de manera articulada con el sector privado, que responde a intereses de naturaleza más específica o restringida.
Sin embargo, advierte que esa diferencia puede generar tensiones cuando se trata de definir quién ejecuta los proyectos, cómo se distribuyen las cargas y cuáles son los beneficios que recibe cada actor. Por ello, considera que la reglamentación desempeña un papel fundamental.
Janer Quiñones sostiene que esa reglamentación no debería plantearse de forma unilateral. “No puede ser el Estado imponiendo normas, reglas, cargas y obligaciones al sector privado sin permitir que este también exponga, mediante una argumentación sólida y justificada, por qué puede o no estar en capacidad de cumplir determinada regulación”.
Asimismo, agrega que tampoco debería ocurrir lo contrario: que la empresa privada determine por sí misma cuáles serán sus reglas de comportamiento, pues ello conduciría el funcionamiento del sistema hacia el beneficio de unos pocos.
Inversión y empleo: el compromiso del sector empresarial
Por su parte, Bernard Gilchrist, gerente de Zona Franca Parque Central, sostiene que el compromiso del sector empresarial va más allá de la generación de riqueza y debe traducirse en inversión, empleo y una mayor articulación con las políticas públicas.
Esa visión cobra relevancia si se tiene en cuenta que, de los 706.000 nuevos empleos registrados por el DANE en el último año, 391.000 correspondieron a empleos informales, mientras que 314.000 fueron empleos formales, lo que evidencia que uno de los principales retos sigue siendo generar trabajo de calidad.
Para lograrlo, añade Gilchrist, “se requieren, ante todo, reglas de juego estables y seguridad jurídica que den previsibilidad a la inversión nacional y extranjera de largo plazo. También es necesario asegurar el suministro de servicios públicos de calidad, con tarifas que permitan competir con otros países”.
Las alianzas público-privadas como motor del desarrollo regional
Para lograr una cooperación efectiva entre el sector público y el privado, Jeffrey Janer Quiñones explica que existen diferentes mecanismos, entre ellos las Alianzas Público-Privadas (APP), las cuales representan una articulación que surge, generalmente de manera temporal, para responder a necesidades del territorio que el Estado, por sí solo, no puede atender. Al mismo tiempo, el sector privado requiere del Estado para contar con la infraestructura y las condiciones necesarias que le permitan complementar ese desarrollo.
Sobre las APP, Gilchrist afirma que son la herramienta más eficaz para cerrar la brecha entre las necesidades de las regiones y la capacidad de financiación del presupuesto público. En el caso de Cartagena y Bolívar, explica, esto resulta especialmente evidente en materia de infraestructura vial y logística.
“Los proyectos que garantizan conectividad portuaria e industrial requieren la capacidad técnica y financiera del sector privado, articulada con la visión de largo plazo del Estado”, señala.
Como ejemplo menciona el proyecto de iniciativa privada de la Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena, que lleva cuatro años listo para su ejecución y no requiere recursos del Gobierno para su construcción. “Bien diseñadas, estas alianzas no sustituyen la responsabilidad pública, sino que la potencian”, afirma.
El reto del nuevo Gobierno
Para el empresario, el principal reto que enfrentará el Gobierno de Abelardo de la Espriella será demostrar, con hechos y no solo con discursos, que la Patria Milagro es un proyecto de país y no una agenda de un solo sector político.
“La confianza empresarial se construye con continuidad institucional, diálogo permanente y decisiones que no giren en función de la coyuntura. También con transparencia en el diseño de políticas, estrategias, proyectos y programas”, sostiene.
Por su parte, Janer Quiñones insiste en que es indispensable contar con un marco regulatorio lo suficientemente amplio para permitir que la empresa privada actúe sin asfixiarla, pero también lo suficientemente estricto para evitar que el mercado se convierta en una jungla donde prevalezca el más fuerte.
“De lo contrario, pueden surgir monopolios, competencia desleal y un desbalance económico que termine beneficiando únicamente a unos pocos”, concluye.
Las cifras más recientes del DANE muestran que, por primera vez en varios periodos, las actividades relacionadas con el consumo y los servicios privados lideraron la creación de empleo en el país, un comportamiento que refuerza el papel del sector empresarial como dinamizador de la economía.
En ese contexto, el desafío para el nuevo Gobierno no será únicamente atraer inversión, sino consolidar una relación estable entre el Estado y la empresa privada que impulse el crecimiento económico sin perder de vista el interés colectivo. En ese propósito, expertos coinciden en que la regulación, la confianza institucional y la participación de otros actores, como la academia y la sociedad civil, serán determinantes.