La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió al Gobierno mantener y fortalecer la Instancia de Articulación (Insart), mecanismo de coordinación entre el Ejecutivo, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para garantizar el cumplimiento de las sanciones restaurativas.
La solicitud fue enviada mediante una carta al ministro de Justicia, Iván Cancino, a quien la Jurisdicción pidió además incorporar este mecanismo en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
¿Qué es la Insart y para qué sirve?
La Insart fue creada mediante el artículo 205 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 como un espacio de coordinación entre las entidades del Gobierno encargadas de garantizar la ejecución de las sanciones impuestas por la JEP en casos relacionados con crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Según la JEP, desde 2022 la instancia ha realizado 10 sesiones ordinarias, tres extraordinarias y 110 reuniones de sus mesas técnicas.
La Jurisdicción recordó que las sanciones restaurativas están contempladas en el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria 1957 de 2019, y que han sido avaladas por dos decisiones de la Corte Constitucional.
Estas sanciones tienen una doble naturaleza: restaurativa y restrictiva de derechos.
Aunque son los jueces transicionales quienes imponen las sanciones, la JEP sostiene que su materialización efectiva corresponde al Gobierno. Por esta razón, considera que existe una responsabilidad compartida entre las instituciones para garantizar que las condenas puedan ejecutarse.
¿Qué avances ha tenido la Insart?
Entre los resultados alcanzados, la JEP destacó el rastreo de la oferta institucional pública coordinada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y diferentes entidades del orden nacional y territorial.
Este trabajo busca identificar proyectos que puedan ser utilizados para ejecutar sanciones restaurativas con una duración prevista de hasta ocho años.
También se realizó un mapeo de la capacidad financiera de las entidades que participarían en estos proyectos y se impulsó la aprobación del Decreto 652 de 2026, que establece condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad social para la ejecución de las sanciones.
La Jurisdicción señaló que estas labores comenzaron antes de que fueran emitidas las primeras sentencias y contaron con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de la ONU, la Procuraduría y la Contraloría.
Sanciones incluyen búsqueda de desaparecidos y desminado
La coordinación institucional permitió, según la JEP, que máximos responsables de casos de secuestro y ejecuciones extrajudiciales fueran condenados a realizar trabajos restaurativos.
Entre los proyectos contemplados se encuentran labores de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, planes integrales de memoria y construcción de espacios multipropósito para el pueblo Kankuamo, entre otras iniciativas.
La JEP considera que estos proyectos permiten vincular el cumplimiento de las sanciones con acciones de reparación y restauración para las comunidades y las víctimas.
JEP advierte riesgos si se debilita la articulación
La Jurisdicción advirtió que el papel de la Insart será aún más relevante ante la próxima emisión de nuevas sentencias por parte del Tribunal para la Paz.
Según la entidad, sin una adecuada coordinación entre el Gobierno y la magistratura podrían no existir proyectos restaurativos viables para ejecutar las sanciones impuestas.
Esto, a su vez, podría afectar la definición de la situación jurídica de militares y exintegrantes de las Farc que ya fueron condenados o que están próximos a recibir sentencia, además de generar incertidumbre para las víctimas que participan en el proceso de justicia transicional.
Por esta razón, la JEP pidió al Ministerio de Justicia, que ejerce la Secretaría Técnica de la Insart, convocar una sesión ordinaria lo antes posible.
El objetivo será poner al tanto a los funcionarios del nuevo Gobierno sobre los avances alcanzados por la instancia y definir los principales retos para garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Jurisdicción.