El Gobierno colombiano anunció nuevas acciones para proteger a la comunidad judía y fortalecer la lucha contra el antisemitismo en el país, tras una reunión entre el canciller Omar Bula y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las medidas estarán enfocadas en fortalecer el diálogo interreligioso, mejorar la protección de la comunidad judía y ampliar la cooperación internacional para prevenir y combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa.
Cancillería reforzará la cooperación contra el antisemitismo
Como parte de las acciones anunciadas, la Cancillería reiteró su adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).
Esta definición entiende el antisemitismo como una determinada percepción de las personas judías que puede expresarse como odio, mediante manifestaciones físicas o retóricas dirigidas contra personas judías o no judías, así como contra sus bienes, instituciones y lugares de culto.
El Gobierno señaló que también buscará fortalecer el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas para prevenir este tipo de conductas.
Autoridades investigarán posibles delitos
La Cancillería precisó que, cuando se presenten comportamientos que puedan constituir delitos relacionados con antisemitismo o intolerancia religiosa, serán las autoridades competentes las encargadas de investigarlos y aplicar las sanciones correspondientes.
El Ministerio recordó que estas actuaciones hacen parte de la responsabilidad del Estado de garantizar la libertad religiosa establecida en la Constitución Política de Colombia.
Gobierno rechaza la discriminación religiosa
El anuncio se produjo en medio del rechazo expresado por la Cancillería frente al antisemitismo, el odio contra las personas judías y cualquier forma de persecución o discriminación por motivos religiosos.
El Ministerio sostuvo que estas conductas afectan la dignidad humana, amenazan la convivencia democrática y son incompatibles con los principios del Estado social de derecho.
La cartera de Exteriores agregó que su rechazo a la intolerancia religiosa es igualmente aplicable a todas las comunidades y que ninguna persona debe ser discriminada, perseguida o agredida por su religión, sus creencias o su identidad religiosa.