Un juez prorrogó por un año el principio de oportunidad de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien permanece vinculado al proceso por el escándalo de corrupción que salpicó a la entidad durante su administración.
La decisión mantiene la inmunidad parcial de López frente a tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso.
A cambio de este beneficio, el exfuncionario deberá continuar colaborando con la justicia como testigo y entregar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la investigación de los demás involucrados en el caso.
El acuerdo también contempla que López adelante módulos de capacitación sobre modelos de negocios sostenibles para comunidades indígenas de La Guajira.
Olmedo López aún enfrenta dos delitos
La prórroga del principio de oportunidad no cobija todas las investigaciones contra el exdirector de la Ungrd. López continúa procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, cargos que aceptó el pasado 23 de junio.
Esta aceptación de responsabilidad está pendiente de aprobación judicial y constituye el último recurso al que ha acudido López para buscar una reducción de la eventual condena, después de que en dos oportunidades la justicia rechazara los preacuerdos que había alcanzado con la Fiscalía.
¿Por qué investigan a Olmedo López?
López es procesado por su participación en la adjudicación de contratos relacionados con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
Uno de los procesos está relacionado con un contrato por $48.600 millones para el suministro de 40 carrotanques. Según la investigación, López habría favorecido a un contratista y recibido $724 millones, mientras terceros se habrían apropiado de aproximadamente $13.340 millones.
El exdirector de la Ungrd también es señalado por presuntamente orientar otro contrato en beneficio de una corporación mixta indígena para la adquisición de 40 carrotanques pequeños por más de $29.000 millones.
En este segundo caso, la investigación sostiene que el contratista se habría apropiado de $11.114 millones.
Con la nueva decisión judicial, López continuará colaborando con las autoridades durante un año más, mientras avanza el proceso por los delitos que no están cobijados por el principio de oportunidad.