La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia severa, llegará a una nueva etapa judicial. La Fiscalía General de la Nación imputará este miércoles a cinco personas por el delito de homicidio culposo, dentro de la investigación que busca establecer las responsabilidades relacionadas con el fallecimiento del menor.
Kevin murió el pasado 13 de febrero en el Hospital La Misericordia, en Bogotá, después de haber sufrido una caída en bicicleta cinco días antes. El accidente le provocó hemorragias por la nariz y uno de sus oídos, pero detrás de la emergencia había una condición médica que requería tratamiento permanente.
De acuerdo con los hallazgos incorporados al expediente, el menor llevaba cerca de dos meses sin recibir Emicizumab, medicamento utilizado para controlar su hemofilia severa. La interrupción del tratamiento se habría producido en medio de dificultades entre la Nueva EPS y las instituciones encargadas de suministrarlo. Lea: Caso Kevin Acosta: Fiscalía imputará cargos a exinterventor de la Nueva EPS
Después del accidente, Kevin fue atendido inicialmente en un hospital de su municipio y luego trasladado a Pitalito. Allí se planteó la posibilidad de realizarle una cirugía, pero su madre se opuso debido al riesgo de una hemorragia masiva ante la ausencia del medicamento requerido para el procedimiento.
Posteriormente, el niño fue llevado a Bogotá en condición crítica. Pese a la atención recibida, falleció en el centro médico.
“Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño habría tenido una hemorragia porque no tenía el medicamento. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño en el cerebro”, advirtió en su momento Yudi Pico, madre del menor.
¿Quiénes serán imputados por la muerte de Kevin?
Entre los investigados está Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñó como interventor de la Nueva EPS entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Para la Fiscalía, tenía una posición de garante y debía velar por la prestación adecuada y oportuna de los servicios de salud.
También será imputado el médico hematólogo Nelson Ramírez Plazas. Según la investigación, habría atendido al menor en enero y ordenado exámenes de laboratorio, pero no habría programado el medicamento correspondiente para febrero pese a la condición médica de Kevin.
La lista la completan Jessika Paola Triana Sagastuy, directora de la cohorte de Alto Costo, y Diana Marcela Caballero Arias, gerente de Atención Complementaria. La Fiscalía les atribuye posibles omisiones relacionadas con la continuidad y cobertura del tratamiento.
El expediente también menciona a Jorge Iván Ospina Gómez, quien reemplazó a Galves Mateus como interventor de la Nueva EPS. Además, el documento recoge actuaciones judiciales relacionadas con Ospina por un caso de desacato en materia de salud ocurrido en febrero de 2026.
Fiscalía pidió investigar a Gustavo Petro
Un informe de la Procuraduría incorporado al expediente señaló que la interrupción del suministro de Emicizumab dejó al menor en una “situación clínica crítica”. El Ministerio Público también identificó problemas en la red de atención derivados de la falta de pagos de la Nueva EPS.
Según ese informe, Medicarte suspendió la entrega del medicamento a sus usuarios por la falta de pagos. Posteriormente, la IPS Integral, que debía asumir pacientes trasladados de esa institución, tampoco pudo hacerse cargo de su atención debido a la falta de recursos.
La Fiscalía, además, solicitó el pasado 6 de agosto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que investigue al entonces presidente Gustavo Petro por la divulgación de información de la historia clínica de Kevin, pese a las restricciones legales sobre estos datos tratándose de un menor.
En esa misma actuación se pidió establecer una eventual responsabilidad del entonces mandatario frente a las decisiones adoptadas durante la intervención de la Nueva EPS y su posible relación con la muerte del niño.