El atentado contra Miguel Uribe Turbay dejó una pregunta que sigue abierta dentro de la investigación: ¿cómo logró la organización criminal anticiparse con tanta precisión a los movimientos del senador y precandidato presidencial?
Documentos e informes periciales de dos expedientes judiciales conocidos por EL COLOMBIANO muestran que, apenas un mes y medio después del ataque ocurrido el 7 de junio de 2025, la Fiscalía ya tenía información sobre una posible filtración desde el entorno de seguridad del dirigente político.
La pista apareció en la declaración de Eduardo Jesús Moreno Medina, alias “Churco”, quien era menor de edad cuando entregó su testimonio y cuya identidad fue revelada por primera vez por ese medio. El joven, oriundo de Falcón, Venezuela, cumplió 18 años el pasado 12 de mayo.
La diligencia comenzó el 23 de julio de 2025 en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Sin embargo, fue suspendida luego de que se advirtiera una posible autoincriminación, con el propósito de garantizar los derechos del menor y asignarle un defensor. La entrevista continuó al día siguiente y ese mismo 24 de julio se formalizó su entrega voluntaria.
Un día después ocurrió un episodio inesperado: “Churco” consiguió evadirse de los funcionarios y escapar de la estación policial.
La supuesta filtración desde el esquema de seguridad
En su declaración, “Churco” entregó información que se convirtió en una de las líneas sensibles del expediente. Según relató, Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “El Costeño”, condenado a 26 años y 3 meses por su participación en el magnicidio, contaba con información proveniente de personas cercanas al senador.
De acuerdo con el testimonio, la organización conocía la residencia de Miguel Uribe, el Toyota TXL blanco y gris en el que se movilizaba y algunas de las rutas utilizadas por el dirigente.
Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los investigadores. “Churco” afirmó que “Chipi” decía tener a varios escoltas “de su parte”.
Uno de esos contactos estaba almacenado en el celular del cabecilla bajo los nombres “Escolta del senador” o “Escolta senador”. El menor aseguró que, a finales de mayo de 2025, presenció una llamada de WhatsApp realizada desde ese número mientras se encontraba con “Chipi” en un taller de motocicletas en Engativá.
La comunicación duró menos de tres segundos. Del otro lado, una voz masculina respondió: “hay manifestaciones” y terminó la llamada.
Para “Churco”, aquella interacción demostraba que la organización podía recibir información prácticamente en tiempo real sobre los desplazamientos del senador.
El testimonio también apunta a un supuesto intercambio económico. El menor aseguró que el informante recibía periódicamente dinero a cambio de entregar reportes. Los pagos, según su versión, eran coordinados por Simeón Pérez Marroquín, alias “La Firma” o “El Viejo”, condenado a 22 años y 4 meses de prisión y señalado como uno de los principales enlaces financieros de la estructura.
La investigación encontró además una fotografía de Miguel Uribe en el teléfono entregado por “Churco”. El archivo, almacenado en las carpetas de WhatsApp, aparece fechado el 29 de mayo de 2025, nueve días antes del atentado.
Seguimiento al senador antes del atentado
Los investigadores también reconstruyeron movimientos telefónicos que podrían demostrar que la estructura venía siguiendo al senador desde meses antes.
El 30 de marzo de 2025, Miguel Uribe participó en una actividad política en un salón comunal de Bosa. Los análisis de tráfico de datos y antenas establecieron que el teléfono utilizado por “El Viejo” salió del sector de Diana Turbay-La Victoria y se desplazó hacia el suroccidente de Bogotá.
El dispositivo permaneció conectado a la antena BOG.BOSA JIMÉNEZ entre las 8:52 de la mañana y las 11:33, coincidiendo con el desarrollo del evento.
Otra línea telefónica registró conexiones en la misma celda y con diferencias de apenas segundos frente al equipo atribuido a “El Viejo”.
Para los investigadores, estos registros, junto con la fotografía encontrada en el celular de “Churco”, constituyen elementos que permiten reconstruir un posible seguimiento previo al crimen.
La declaración del menor también describió otro posible punto de ataque. Según su versión, la organización conocía un camino, callejón o pasillo estrecho cercano a la vivienda del senador por donde este podía desplazarse a pie después de algunas actividades.
La hipótesis es que ese sitio sería utilizado si no lograban atacarlo durante alguno de sus eventos públicos.
Un primer intento de ataque con explosivos
El expediente señala que el atentado del 7 de junio no habría sido el primer plan de la organización.
El 3 de junio, cuatro días antes del ataque en el parque El Golfito de Modelia, se habría intentado utilizar un artefacto explosivo improvisado contra la camioneta de Miguel Uribe.
Según la reconstrucción judicial, Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela” o “Andrea”, condenada a 21 años y 2 meses de prisión, transportó el artefacto hasta una panadería cercana a la calle 33 con avenida Caracas y posteriormente entregó el detonador a “Churco”.
El joven debía desplazarse como parrillero en una motocicleta FZ 250 conducida por Erik Josué y aproximarse a la Toyota TXL para colocar el artefacto. Pero la oportunidad no apareció y el ataque fue abortado.
Cuatro días después, la estructura recurrió a otro método. Para ese ataque, según el expediente, fue reclutado un menor de 15 años identificado con las iniciales JCSR, alias “Tianz”, a quien le habrían ofrecido 20 millones de pesos.
El arma y las reuniones previas al crimen
Los registros de geolocalización también ubican a integrantes de la estructura en encuentros previos al atentado.
El 6 de junio, un día antes del ataque, los teléfonos de Simeón Pérez Marroquín y Katherine Andrea Martínez coincidieron primero en inmediaciones de La Picota y posteriormente en La Manuelita, en Suba.
Según la investigación, en ese encuentro “El Viejo” habría entregado a Martínez una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, identificada con la serie BPHD405. Al día siguiente, “Chipi” se la habría entregado al menor que disparó contra el senador.
El atentado ocurrió el 7 de junio en el parque El Golfito. La reacción del esquema de protección permitió perseguir al atacante y recuperar el arma utilizada.
¿Qué papel habrían tenido los escoltas?
La investigación tomó una nueva dimensión con información revelada por Noticias RCN, según la cual el rastreo de antenas y la geolocalización de teléfonos permitieron identificar dos posibles encuentros entre dos escoltas asignados a Miguel Uribe y Simeón Pérez Marroquín, “El Viejo”.
El primer registro habría ocurrido el 29 de enero de 2025 en Modelia, mientras Miguel Uribe se encontraba en Panamá y su esposa viajaba a Miami. Los teléfonos de los escoltas y el del presunto coordinador criminal se habrían desplazado juntos en un mismo vehículo.
Una segunda coincidencia técnica fue detectada a comienzos de abril de 2025 en inmediaciones del Congreso, cuando el precandidato estaba en Cali.
Estos elementos son ahora relevantes para determinar si existió una infiltración dentro del esquema de seguridad y, de ser así, qué información habría sido suministrada a la organización criminal.
La investigación también contempla un supuesto intento de eliminar a “Churco”. Según interceptaciones y declaraciones incorporadas al proceso, “Chipi” y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, condenado a 21 años y 9 meses, habrían planeado trasladar a “Churco” hacia Caquetá para asesinarlo. Dentro de la estructura, esta práctica era denominada “sacar la basura”.
El joven, sin embargo, se fugó el 25 de julio de 2025 y posteriormente los investigadores establecieron que continuó teniendo contacto con integrantes de la organización.
La Fiscalía sostiene que el grupo conocido como “Plata o Plomo” o “Amantes del Billete” estaría relacionado con remanentes de antiguas bandas del Bronx de Bogotá y tendría capacidad para ejecutar operaciones mediante la contratación de sicarios.
La hipótesis del ente investigador apunta a que el magnicidio no fue un hecho aislado, sino una operación cuya orden habría salido de la cúpula de la Segunda Marquetalia.
Según las pesquisas, la instrucción habría sido impartida por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y coordinada por José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”. La cadena de mando habría involucrado también a Géner García Molina, alias “Jhon 40”, y a Kendry Téllez, alias “Yako”, quien habría facilitado los contactos con estructuras delincuenciales de Bogotá.
La posible participación de integrantes del esquema de seguridad tomó mayor relevancia después de que se conociera que los dos escoltas bajo sospecha continuaban asignados a la protección de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe.
Tras las revelaciones, Tarazona confirmó el cambio completo de su esquema de seguridad y escribió en su cuenta de X:
“El esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Les doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año. Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales. Gracias a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección”.
Por ahora, la posible complicidad de uno o varios escoltas continúa bajo investigación. Las autoridades deberán determinar qué significado tienen las coincidencias de geolocalización, el contacto registrado como “Escolta del senador” y el testimonio de “Churco”.
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL COLOMBIANO que esta siempre ha sido “una línea investigativa” y que se han desarrollado diferentes actividades de policía judicial. Las fuentes enfatizaron que no es posible actuar sin suficientes elementos probatorios: “Cualquier conclusión a la que se llegue, debe ser sustentada en evidencia”.