Tras la muerte de cuatro menores en medio de dos bombardeos de las Fuerzas Militares, un juzgado de Bogotá ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella suspender inmediatamente cualquier operación de ese tipo en zonas donde pueda haber presencia de niños.
Gobierno elimina los distritos especiales mineros
El UniversalLa decisión la tomó el juzgado 34 de familia de Bogotá al admitir una tutela que pedía abstenerse de realizar operaciones ofensivas en zonas donde exista información de presencia de menores de edad “hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido”.
La acción fue presentada en contra del presidente, Abelardo de la Espriella; el ministro de Defensa, Jorge Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez; el comandante del Ejército, general José Bertulfo Soto; el comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Juan Jaime Martínez; y el comandante de la Armada, el vicealmirante Javier Alfonso Jaime.
Muerte de menores en bombardeos genera reacciones nacionales
En un bombardeo contra las disidencias de Calarcá, el pasado 27 de agosto en Guaviare, murieron tres menores de edad, según lo confirmó Medicina Legal, y unos días antes, el 10 de agosto, en una operación en el Catatumbo, murió uno más, de 16 años.
Ante esas operaciones, la oposición del Gobierno radicó, en la Cámara de Representantes, una moción de censura contra el ministro de la Defensa, Jorge Eduardo Mora, al argumentar que los menores “son víctimas del crimen” por lo que “la respuesta constitucional del Estado frente a estos menores no puede reducirse a identificarlos retrospectivamente como integrantes de una estructura armada”. Le puede interesar: Radican moción de censura contra MinDefensa por muerte de menores en bombardeos
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública para evitar que menores de edad reclutados por grupos armados ilegales continúen muriendo en bombardeos.
Marín reconoció que el Estado tiene la facultad de realizar operaciones militares contra grupos armados ilegales, incluidos ataques aéreos, cuando estos sean necesarios para proteger a la población. Sin embargo, sostuvo que las autoridades tienen el deber de extremar las medidas de precaución cuando exista una alta probabilidad de que haya menores de edad reclutados dentro de las estructuras armadas.