La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, se pronunció sobre las recientes decisiones judiciales que limitaron las operaciones de bombardeo cuando exista información sobre la presencia de menores de edad en los lugares donde se desarrollen acciones militares.
Restrepo sostuvo que los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados son víctimas y deben recibir protección por parte del Estado. Sin embargo, advirtió que esa obligación no puede traducirse en dejar de perseguir a las estructuras responsables de incorporarlos a sus filas.
“La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal”, afirmó la funcionaria.
ICBF cuestiona que la discusión empiece durante el bombardeo
La directora del ICBF señaló que el reclutamiento de menores ocurre mediante diferentes mecanismos, entre ellos amenazas, engaños, presiones y aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.
Por esta razón, consideró que la respuesta institucional debe comenzar antes de que los menores terminen en los campamentos de los grupos armados.
“Abordar la discusión en el momento del bombardeo es llegar tarde”, sostuvo Restrepo.
La funcionaria planteó que el debate debería comenzar con preguntas sobre las circunstancias que llevaron al menor hasta el lugar donde se encuentra la estructura armada.
“¿Cómo llegó ese menor hasta allí? ¿Quién lo reclutó? ¿Quién sabía que estaba en riesgo? ¿Qué alertas existían? ¿Dónde falló el Estado? ¿Por qué el criminal llegó primero?”, cuestionó.
Restrepo pide anticiparse al reclutamiento
Según la directora del ICBF, una de las principales tareas del Estado debe ser identificar anticipadamente los territorios donde existe riesgo de reclutamiento, atender las alertas y comprender el funcionamiento de las redes utilizadas por los grupos armados para incorporar menores.
En ese sentido, insistió en que la protección de los niños reclutados debe combinarse con acciones dirigidas contra las organizaciones que los reclutan.
La discusión tomó fuerza después de que dos decisiones judiciales establecieran restricciones a las operaciones ofensivas cuando las autoridades tengan información sobre la presencia de menores.
¿Qué dijeron los jueces sobre los bombardeos?
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenaron suspender operaciones ofensivas cuando exista información sobre la presencia de menores de edad, hasta que se adopten las medidas necesarias para protegerlos y se determine que no existe una alternativa menos lesiva.
Las decisiones se conocieron después de dos operaciones militares en las que murieron cuatro menores. Tres de ellos fallecieron el 27 de agosto en Guaviare, mientras que otro menor de 16 años murió el 10 de agosto en el Catatumbo.
Los casos reabrieron el debate sobre los límites de las operaciones militares contra grupos armados cuando existe información previa sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes en las zonas donde se desarrollarán las acciones.
La posición expresada por el ICBF plantea que la protección de los menores debe comenzar antes de que sean incorporados a las estructuras armadas, sin que ello implique dejar de actuar contra quienes ejercen el reclutamiento.